ENRESA considera ''irreversible'' el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña
La empresa pública de residuos nucleares recibió de la propietaria de la central, Nuclenor, las llaves de la instalación que desmantelará en el plazo de 10 años
Nuclenor entrega la llave de Garoña a Enresa para acometer el desmantelamiento de la central nuclear / Javi Sahagun
La empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos SA) ha asumido la titularidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) de manos de su hasta ahora propietaria, Nuclenor, para iniciar un proceso de desmantelamiento "irreversible", según ha explicado el presidente de Enresa, José Luis Navarro. Ha insistido en que, como empresa pública, Enresa "no entra en temas de políticas energéticas, sino que se limita a seguir las instrucciones". Asegura que pararel desmantelamiento no es posible.
No obstante, ha explicado que el cierre de la central de Santa María de Garoña ya se produjo en diciembre de 2012, cuando paró su actividad, y se confirmó en agosto de 2017 con la orden definitiva de cese. De hecho, la propiedad de los terrenos ya descontaminados volverá a Nuclenor dentro de unos diez años.
El desmantelamiento se realizará en dos fases. Tendrá un coste de 475 millones y se financiará con las tasas específicas que pagan las empresas energéticas para este tipo de tareas, en función de su volumen de producción de electricidad. A esa cantidad habrá que sumar otra que aún no está cerrada pero que estima en no menos de 150 millones de euros, correspondiente a la retirada del combustible gastado de la piscina de la planta nuclear. Será una de las tareas de los tres primeros años, la primera fase.
Dicho combustible se depositará en un almacén temporal individualizado (ATI), ya construido que en el propio complejo. En esa instalación se depositarán 49 contenedores de combustible gastado y, prácticamente al filo del final del proceso de desmantelamiento, otros 5 o 6 contenedores de residuos especiales. Se trata de contenedores con material nuclear de alta actividad que se van a depositar en el ATI durante un tiempo que no está precisado porque dependería de la solución que pueda arbitrar en un futuro plan de residuos. Además, el ATI solo tiene licencia para 32 contenedores. Navarro espera tener autorización a lo largo de 2024 para los más de cincuenta que se depositarán.
Durante ese proceso, sobre todo en la primera fase, se espera que haya una media de 350 trabajadores, que incluirán que a 30 personas de la plantilla de Enresa y 70 de Nuclenor. A ellos se sumarán diversas contratas que irán variando en función de las necesidades.
