ACUSVAL llama a una movilización masiva en Valdemoro contra el crematorio, que ya ha empezado a funcionar

En Valdemoro se vuelve a abrir una herida mal cerrada desde hace nueve años. La puesta en funcionamiento del crematorio, hace casi dos meses, el 7 de noviembre pasado, una instalación rechazada por muchos vecinos desde el principio, tras un periplo de problemas, ha despertado de nuevo la amenaza de movilizaciones ciudadanas.

Ya el pasado 27 de diciembre, el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Valdemoro, Javier Carrillo, preguntaba en el pleno si existía autorización municipal para que el crematorio comenzaba a funcionar, ante lo que el alcalde, Sergio Parra, aseguraba que no podía estar funcionando al no tener "la autorización pertinente". El 1 de enero de 2023, según Carrillo, el regidor contestaba a su pregunta, asegurando que los agentes habían abierto acta de infracción por el inicio de actividad sin la autorización pertinente y "se iba a proceder a poner en conocimiento del servicio jurídico y denunciar". Carrillo planteaba al regidor si esta infracción podría servir para cancelar el contrato con la empresa y pedía “su cierre inmediato” hasta tener el permiso, según ha contado en su cuenta de Twitter.

También desde la asociación de consumidores de la localidad, ACUSVAL, se ha vuelto a mostrar preocupación por el aire que se va a respirar. Jesús Paniagua, presidente de este colectivo, asegura que la puesta en marcha “no por ser esperada, deja de ser indignante” y recuerda que la instalación está situada en medio “de un plan de crecimiento urbanístico, entre colegios, al lado de instalaciones deportivas y de un parque natural. Ahora no sabremos qué es lo que va a haber en nuestros pulmones”, ha dicho.

Paniagua achaca que esto haya sido posible a varios factores, la trama Púnica y la pasividad del gobierno del alcalde Sergio Parra. ”Gracias a la trama Púnica y a la pasividad de un alcalde que no ha sabido, o no ha querido, iniciar un procedimiento de oficio para revisar una licencia que se otorgó en unas condiciones muy irregulares” ha sido posible esta instalación, ha dicho. Por eso, desde ACUSVAL se hace un llamamiento a los colectivos sociales de Valdemoro y a sus fuerzas políticas para realizar una gran protesta “unitaria y masiva” y “denunciar este atentado contra nuestro medio ambiente y nuestra salud”.

Desde la Funeraria El Recuerdo, que conforma Prisan UTE, adjudicataria del servicio, su director regional, David Holgín, niega que las emisiones del crematorio, que funciona desde el 7 de noviembre, vayan a perjudicar la salud de los vecinos. “Es incierto, esa idea es fruto del desconocimiento de cómo funcionan las funerarias” y subraya que “no hay ningún riesgo para nadie”. Afirma que el horno del crematorio reúne “todas las condiciones medioambientales” que exigen la ley y, por supuesto, cuenta con “la autorización medioambiental de la Comunidad de Madrid, pertinente”, según ha declarado a SER Madrid Sur.

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Un camino lleno de problemas

El proyecto de construcción de la infraestructura se remonta a 2014, cuando el Ayuntamiento de Valdemoro, gobernado entonces por el PP, adjudicó la construcción y la explotación del servicio de crematorio a la empresa Prisan UTE, en el cementerio municipal, una iniciativa que despertó una fuerte oposición vecinal, sobre todo de los residentes en el barrio de la Estación.

En 2015, Ciudadanos llegó al Gobierno de Valdemoro y, en septiembre de 2016, el Ayuntamiento desestimó la solicitud de aprobación del proyecto básico y de ejecución del crematorio por silencio administrativo, extremo que fue recurrido por la empresa, a la que el TSJM terminó dando la razón.

Ante la “la imposibilidad” de hacer frente a la cuantía económica que supondría la resolución del contrato y el rescate de la concesión, que “se elevaría a varios millones de euros”, según dijo en su día el alcalde, Sergio Parra, y en cumplimiento de la sentencia judicial, el pleno municipal aprobó en febrero de este año el crematorio. De lo contrario habría tenido que hacer frene a una multa de entre 150 y 1.500 euros cada 20 días. El portavoz del PSOE, Serafín Faraldos, ya reclamó entonces al alcalde que retomará la posibilidad de revisar el contrato, algo a lo que se comprometió Parra.