Dos de los tres exaltos cargos de Ayuso imputados por los 'protocolos de la vergüenza' no acuden a declarar ni han podido ser localizados

Madrid

Dos de los tres altos cargos citados este martes a declarar como investigado por el caso residencias en el Juzgado Instrucción número 23 de Madrid no han comparecido en sede judicial ni se les ha podido notificar la citación, por lo que la acusación ha solicitado ponerlos en busca en captura.

Se trata del que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur y del máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa112), Pablo Busca Ostalaza. Ninguno de los dos ha hecho acto de presencia en el juzgado que les investiga por posibles responsabilidades en las muertes de residentes mayores durante la pandemia.

Tan sólo ha acudido a los Juzgados de la Plaza de Castilla el sucesor de Mur al frente de la Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Martínez Peromingo, también investigado, y que ha culpado de los llamados protocolos de la vergüenza a su antecesor.

El juzgado ha intentado notificar la citación a ambos exaltos cargos hasta en cuatro ocasiones sin éxito y en este momento se encuentran en paradero desconocido, por lo que es muy probable que el instructor dicte orden de busca y captura en su contra.

Los tres exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, habían sido citados a declarar desde este martes como imputados en dos juzgados de la región en relación con la gestión realizada en las residencias de mayores públicas de la comunidad durante la pandemia de COVID-19.

Los investigados ya fueron citados en dos ocasiones anteriores, pero no llegaron a prestar declaración. Se investiga si cometieron un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, un delito castigado por el artículo 511 del Código Penal.

La causa se había archivado de manera provisional, pero se reabrió el pasado 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial. El objetivo es que explique en sede judicial los protocolos que firmaron y que impedían la derivación de mayores residente en residencias a hospitales durante lo más crudo de la pandemia.

Los tres exaltos cargos estaban citados a declarar este martes como investigados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, donde se analiza la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.

El miércoles deberán comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba. En este caso, la querella fue presentada por la familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones. En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro.

Protestas en la puerta

Asociaciones de víctimas de los conocidos como protocolos de la vergüenza han protestado a las puertas de los juzgados, en los que tenían que declarar este martes los tres exaltos cargos del gobierno de Ayuso imputados por la no derivación a los hospitales de los ancianos que estaban en las residencias de mayores durante la pandemia. Según las asociaciones, murieron 7.291 personas.

Las asociaciones de familiares se han concentrado frente a las puertas de los juzgados esperando y coreando ese 7.291 y ¡No son muertes, son asesinatos!

Las asociaciones de familiares esperan que los investigados digan la verdad y apunten más alto. "Queremos que sean valientes, que tiren de la manta y señalen, no solamente a ellos, sino que señalen a sus superiores, a los que estaban allí arriba permitiendo esa atrocidad, esa masacre de personas", exige María Jesús Valero, portavoz de la Asociación '7.291 Verdad y Justicia'.

Esperanzados por la reactivación del caso, pero con cautela porque en dos ocasiones anteriores los mismos investigados estaban citados y su declaración se suspendió por distintos motivos. En mayo, los investigados alegaron que no se les había dado traslado de la causa y en junio, la jueza del 6 de Leganés suspendió el procedimiento porque consideraba que los hechos eran similares a los que instruía en otro juzgado de la capital.

"Es un camino ya tan largo el que llevamos recorrido que que es una necesidad que se sepa la verdad y que se establezca quién fue el responsable, y en última instancia, quién ordenó que se aprobaran esos esos protocolos que llevaron a la muerte a tantísima gente", insiste Carmen Ruíz, miembro de la Plataforma 'Marea de Residencias'.

Precisamente, como las muertes se investigan en distintos juzgados, en función del lugar donde ocurrieran, los familiares de víctimas siguen exigiendo una macro causa que centralice todas las investigaciones con imputados en un solo juzgado para aprovechar, dicen, la información recopilada en estos años.

En ambos procedimientos también están imputados los respectivos geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.