La Diputación descubre una bolsa de fraude fiscal de 560 millones de euros

En medio de la tormenta sobre la salud financiera de las instituciones, unidas a las críticas del Gobierno vasco hacia la Diputación por negarse a compartir sus datos fiscales el titular de la Hacienda foral ha comparecido en la sede de la calle Hurtado Amézaga para poner negro sobre blanco los datos de la campaña contra el fraude fiscal en 2011

Jose María Iruarrizaga ha reiterado que combatir "esta lacra social es una prioridad". En total afloraron 560 millones de euros, el doble que el año anterior, y que supone el equivalente a todo el presupuesto que maneja el área de Acción Social. A la fecha se ha reintegrado a las arcas un 70% de la cuantía. Durante ese tiempo, además, se remitieron a la Fiscalía 16 informes por presuntos delitos contra la Hacienda. En ese aspecto, el diputado Iruarrizaga ha desvelado que la Justicia ha resuelto nueve sentencias de años anteriores, y siete de ellas han sido condenatorias. La multa global supera los 2,8 millones de euros y la condena a los responsables alcanza los 17 años de prisión, además de la inhabilitación. Las sospechas se ciernen sobre sectores concretos. Es el caso del inmobiliario, donde se han revisado 2.500 contratos a instancias del área de Acción social y se han cruzado los datos del propietario y el inquilino. Se pone la lupa también sobre profesiones liberales, como abogados o procuradores. Hay dos trama de transmisiones de vehículos que habrían defraudado 12 millones de euros, casos de ganancias patrimoniales no justificadas.

Tras exponer los datos Iruarrizaga emplazaba a los ciudadanos a colaborar con la plantilla de inspectores de la Hacienda. "No nos basta con que nos digan que hay fraude, hay que decir quién y dónde", y reiteraba que "perseguimos a todo aquel que defrauda, sea del color que sea y del estatus social que sea". En respuesta a las críticas del Gobierno vasco, en concreto del Lehendakari que afirmó el viernes que Bizkaia se niega a compartir su información, Iruarrizaga ha puesto sobre la mesa los 49 millones de datos que han intercambiado "con quienes tienen competencias en materia tributaria, es decir, las haciendas forales y el Estado". Por tanto, concluía "si hay fraude es porque hay alguien que defrauda, no por falta de coordinación".