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Radio Madrid

Un juzgado de lo Social cuestiona la constitucionalidad de la reforma laboral

La norma podría, según el auto, vulnerar algunos aspectos de la Carta Magna relativos al despido

Es la primera vez que el Tribunal Constitucional tendrá que decidir si la reforma laboral, aprobada el pasado mes de marzo por el Partido Popular, cumple la Carta Magna o no. El juzgado de los social número 30 de Madrid, cuyo titular es Jose Angel Folguera Crespo, es el primer juzgado en España que critica en términos muy contundentes la nueva ley por considerar que vulnera la seguridad jurídica de los trabajadores.

Según el auto del Juzgado, fechado el 16 de abril, la reforma laboral vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores frente al despido injustificado. Además, dañaría el derecho a la igualdad de trato entre trabajadores con derecho a prestación por desempleo y los que carecen de él en caso de los despidos improcedentes.

El juez tiene que pronunciarse sobre un despido improcedente que le han presentado tres trabajadores, y a la hora de aplicar el nuevo decreto ley, la reforma laboral, dice que existen impedimentos constitucionales que vulneran la misma esencia del estatuto de los trabajadores. Frente a este conflicto personal que se le ha planteado el magistrado reclama del Constitucional una respuesta clara sobre la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Según el auto hecho público hoy, son cuatro los puntos fundamentales que podrían vulnerar los derechos de los trabajadores, según el juez. El primero: el despido se produjo antes de la aprobación de la reforma laboral, por lo que debería cuestionarse la idoneidad de aplicarse la nueva ley. En segundo lugar, considera que el despido de los trabajadores deja de ser por causas concretas, ya que, hagan lo que hagan, el empresario siempre tendrá la última palabra. Así mismo, el juez critica la supresión de los llamados salarios de tramitación, el dinero que los trabajadores pierden durante el proceso judicial. Por último, el juez cree que la nueva norma que debe aplicar constituye, y citamos textualmente, "un evidente estímulo contrario a la recuperación del empleo y favorable a incrementar desempleo.

Desde los sindicatos aplauden la decisión del juez y lo valoran como una decisión esperanzadora ya que puede marcar un precedente.