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Junta reduce a un tercio el número de portátiles y sólo serán utilizados en el centro escolar

La crisis obliga. A partir de ahora los ordenadores no podrán ser llevados por los alumnos a sus casas ya que la gestión será la del propio centro educativo. Habrá un ordenador por cada tres alumnos. La inversión pasa de 22 a 5 millones

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha dado a conocer los cambios del programa que suponía el reparto de un ordenador portátil por cada alumno de quinto de Primaria a segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), medida suprimida por razones presupuestarias.

La consejera de Educación, Mar Moreno, ha concretado que la Junta distribuirá 27.500 portátiles entre los centros andaluces, lo que supone un tercio de los 90.000 repartidos hasta ahora. La otra gran novedad es que los portátiles se adscribirán a los centros educativos y no a los alumnos, para que sean los mismos los que los gestionen.

Moreno ha explicado que la supresión por parte del Gobierno central de las ayudas para proceder al reparto de portátiles entre el alumnado hace inviable que la Junta pueda asumir en solitario la iniciativa, nacida al amparo de las medidas comenzadas en 2003 para el impulso de la Sociedad de la Comunicación en Andalucía y concretada en 2009 con el programa ''Escuela TIC 2.0'', que supuso la "digitalización" de las aulas, con elementos como pizarras digitales y videoproyectores, amén de los mencionados ordenadores y la formación tecnológica del profesorado.

Tras recordar que la comunidad autónoma andaluza, que ha invertido de 2003 a 2009 315 millones en nuevas tecnologías y otros 59 de 2009 a 2012, ya en un sistema de cofinanciación con el Estado, fue la única que adelantó un curso -los ordenadores se repartieron durante el curso 2009-2010 en quinto y sexto de Primaria- y, por tanto, culminó el programa, con 13.107 aulas digitalizadas y el reparto de más de 400.000 portátiles entre alumnos, docentes y centros, la consejera ha aludido a la necesidad de adaptarse a la "nueva realidad".

La falta de financiación estatal hace "imposible" que la administración andaluza, en un momento como el actual, pueda gestionar "en solitario" estas ayudas, toda vez que la Junta ha invertido para la presente campaña en el profesorado y el mantenimiento de la ratio de alumnos en las aulas. Con todo, Moreno ha explicado que se ha decidido llevar a cabo un programa de transición hasta que se defina un modelo económico "estable".

De esta manera, entre finales de octubre y principios de noviembre comenzará la distribución de 1.829 paquetes destinados a otros tantos centros educativos públicos que imparten quinto de Primaria -a día de hoy, los alumnos de sexto a segundo de ESO mantienen los que ya se les proporcionó en su momento-, con un total de 27.500 ordenadores portátiles, que suponen de 13 a 39 por centro.

Frente al sistema vigente hasta ahora, en que a cada alumno se le dotaba con un portátil para uso exclusivo, la idea es que los propios colegios adquieran ahora la propiedad de estos equipamientos para gestionarlos de cara a establecer préstamos para que los menores puedan trabajar en unidades o hacer sus ejercicios en su domicilio, confiando en la autonomía de los propios centros y con objeto de que "todos" sigan disfrutando de los mismos. La inversión pasa de 22 a cinco millones anuales, consignados en los presupuestos de la Junta de 2012.

La consejera de Educación, así, ha defendido que la administración regional seguirá fomentando las nuevas tecnologías, frente a un gobierno del PP "que quiere volver a los años 60", algo que "para nosotros resulta inconcebible". Para ello, los próximos días 17 y 18 de octubre se han convocado en Málaga unas jornadas sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde se espera que el profesorado contribuya a definir el futuro modelo de las nuevas tecnologías en la educación.

Por último, Moreno ha expuesto que, dado que los equipamientos ya no están adscritos a los alumnos, sino a los centros, el equipamiento tecnológico de los colegios concertados correrá a cuenta de la titularidad de los mismos, "tal y como es su obligación legal", y no de la Junta.

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