El PP supera el último trámite para privatizar hospitales y centros de salud en Madrid

La mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid ha sacado este jueves adelante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que, entre otras novedades, incluye la externalización de la gestión de seis hospitales madrileños y 27 centros de salud y el cobro de un euro por receta a partir de enero.

La conocida como Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales ha sido aprobada en un pleno extraordinario en el que el grupo popular de la Asamblea madrileña no ha aceptado ninguna de las más de 200 enmiendas que ha presentado la oposición (81 de IU, 78 el PSOE y 60 UPyD).

Entre las novedades que recoge la Ley de Acompañamiento de 2013 se encuentra el Plan de Sostenibilidad sanitaria de la Comunidad de Madrid, que contempla la gestión privada de seis hospitales de la red pública y de 27 centros de salud.

Además incluye el cobro de un euro por receta a partir del 1 de enero próximo, medida que ya aplica el Gobierno catalán y que está recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional.

El diputado del PSOE Antonio Miguel Carmona ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, porque considera que los planes del gobierno regional no buscan "eficiencia" sino "hacer negocio", mientras que el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha hecho la misma petición antes del pleno al estimar que el conflicto "exige cambios radicales".

Medidas para beneficiar a Eurovegas

En esta norma también se da más libertad a los comerciantes para establecer sus periodos de rebajas y se crean los Centros Integrales de Desarrollo (CID), con los que el Ejecutivo regional busca que se instalen grandes proyectos en la Comunidad de Madrid y que la oposición considera que están hechos para beneficiar al proyecto Eurovegas del magnate Sheldon Adelson.

Asimismo, se modifica la ley del juego, se permite contratar a profesores nativos en centros educativos públicos y, entre otras cosas, se da la posibilidad a los trabajadores públicos de pedir una reducción de jornada, pero no se obliga a la Comunidad a reponer este hueco.