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La Junta sancionará a bancos e inmobiliarias que tengan viviendas vacías

En el consejo de gobierno del próximo martes, está previsto que el gobierno andaluz apruebe un decreto con el que quiere incentivar la salida al mercado de las miles de viviendas sin ocupar que hay en la comunidad

En una disposición adicional, el decreto declarará el carácter in-embargable de la vivienda cuando se den una serie de circunstancias, como las que sufren la mayoría de las familias que están siendo desahuciadas. En esos casos, no podrán ser desalojadas en tres años como mínimo hasta que se les ofrezca una alternativa.

Según ha sabido la SER, el gobierno andaluz tiene previsto aprobar este martes el 'Decreto-ley sobre la función social de la Vivienda', una norma con la que sancionará a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías. Combinará, por un lado, los incentivos y facilidades para que éstas salgan al mercado, y por otro, sanciones. Multas económicas que no afectarán a las personas físicas, sólo a las jurídicas, bancos y entidades inmobiliarias fundamentalmente que son las que tienen la mayoría de las viviendas vacías.

En Andalucía hay actualmente unas 700 mil. La intención de la Junta es que este stock salga al mercado para así atender la demanda, imposible de cubrir ahora con el recorte de inversiones, y aprovechar los recursos públicos, como las infraestructuras construidas para atender ese parque de viviendas inutilizado.

Además, en una disposición adicional, el decreto declarará el carácter in-embargable de la vivienda cuando se den una serie de circunstancias, como las que sufren la mayoría de las familias que están siendo desahuciadas. En esos casos, no podrán ser desalojadas en tres años como mínimo hasta que se les ofrezca una alternativa.

Este decreto, que ha motivado tensiones en el gobierno por la resistencia del PSOE a multar a los propietarios individuales, es una de las normas estrella de la legislatura. Una decisión política con la que podría discrepar el gobierno central. Por eso, la consejería que dirige Elena Cortés es consciente de que muy probablemente el decreto motive otro recurso de inconstitucionalidad contra la Junta.

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