El PSC pagó a Método 3 la grabación entre Alicia Sánchez Camacho y la ex de Pujol en La Camarga

El informe de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso la Cadena SER, concluye que el PSC pagó 1.750 euros por la grabación de la conversación entre Alicia Sánchez Camacho y María Victoria Álvarez

La líder del PP en Cataluña y candidata a la presidencia de la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho /

El informe recoge correos electrónicos entre la agencia y miembros del partido y una relación de los trabajos que hizo Método 3 para el PSC, con conceptos explícitos sobre la grabación como: preparación del dispositivo y colocación en el lugar de encuentro, grabación y retirada del dispositivo o escucha y resumen de lo que se haya hablado durante la comida.

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El informe de la Policía Nacional, de 45 páginas, concluye que el PSC pagó 1.750 euros por la grabación de la conversación entre Alicia Sánchez Camacho y María Victoria Álvarez. Según la Policía Nacional, la detective de Método 3, Elisenda Villena se reunió presuntamente con José Zaragoza y la gerente del partido, Luisa Bruguer, para acordar la facturación de esta cantidad. La policía deduce que el encuentro se habría hecho el día 15 de julio de 2010 a las 17:30 en la sede del PSC según consta en la agenda del correo electrónico de la detective y en un correo que ella misma envía a una tal "Jenny".

Con todo, la Policía Nacional dice también en el mismo informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER, que hasta ahora no se ha podido determinar si Método 3 hizo la grabación de la comida por iniciativa propia, y lo vendió al PSC, o si fue un encargo directo de alguien del partido o de otra persona. La Policía Nacional cree que existen indicios que hacen pensar que el PSC, si no encargó la grabación, tenía conocimiento de que la agencia de detectives pondría una grabadora en la comida. El principal indicio, según los agentes de la Brigada de Investigaciones Tecnológicas, es que habrían acordado el pago por el que se hiciera el espionaje.

Dos "cosillas"

Y así queda recogido en un documento de Word que la detective Elisenda Villena envió por correo electrónico el 9 de julio, 2 días después de la comida, a José Luis Marco Llavina, director financiero de la agencia de detectives. El contenido del correo dice: "quedaron contentos del servicio y agradecido . Me dirá si hacemos algo más pero como las cosas de palacio van despacio, quedamos que facturamos esas dos cosillas", sin decir a quién se refiere. Estas dos "cosillas" se recogen en un documento Word adjunto de los conceptos a facturar que se titula: "resumen de trabajos". En primer término aparecen trabajos que la agencia hizo los días 25 y 26 de mayo para investigar GPO Ingeniería con un importe de 1.480 euros. Y el otro trabajo se titula 9 de julio y aparecen los siguientes conceptos: "preparación del dispositivo y colocación en el lugar de encuentro, grabación y retirada del dispositivo, identificación posterior de la mujer, escucha y resumen de lo que se ha hablado en la comida (4 horas de grabación), pago de la comida. Por estos conceptos: 1.750 euros".

El hecho de que se detallen tanto los conceptos a facturar lleva a los investigadores "a pensar que la empresa de detectives está cobrando al PSC la realización de una investigación y no sencillamente la venta de una información".

Según la Policía, estos conceptos "permiten deducir que la investigación titulada 9 de julio se trata del dispositivo que hizo Método 3 el 7 de julio de 2010 por la grabación de la conversación entre Alicia Sánchez-Camacho y María Victoria Álvarez Martin y que "identificación posterior de la mujer" explica por qué en la carpeta con las siglas "PSC" se encuentra "una ficha de la DGT con fecha de consulta 8 de julio con los datos de la motocicleta de María Victoria Álvarez".

Un expediente con sorpresas

La relación comercial entre Método 3 y el PSC se evidencia a través del expediente 20.718. Es el número que inicialmente puso la agencia de detectives a un encargo que José Zaragoza hacerlos por la elaboración de un informe sobre la empresa GPO Ingeniería.

Este expediente, con el mismo número, se vinculó posteriormente a la grabación de la conversación entre Alicia Sánchez Camacho y María Victoria Álvarez en 'La Camarga'. Dentro de la carpeta con el mismo número de expediente ha aparecido entre otros documentos relevantes; una identificación de la placa de matrícula de la moto de la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, un día después de la comida. També hay un correo electrónico con una enumeración de las investigaciones hechas por Método 3 en el mes de julio de 2010. "Método 3 denomina al expediente 20718 como 20718 PSC- Camacho". La Policía dice que este título relaciona" de manera inequívoca este partido con la grabación de la conversación en el restaurante La Camarga". También hay un resumen del contenido de la grabación.

Relación de correos fluida

Aunque la policía no hace referencia a las conclusiones de su informe, el documento sí recoge una relación de correos electrónicos que se enviaron la detective Elisenda Villena, hermana de la que fue asesora jurídica del PSC, Anna Villena, con el ex secretario de organización del partido y actualmente diputado en el Congreso, José Zaragoza y con la gerente, Luisa Bruguer. En uno de los correos enviado el 13 de julio de 2010, seis días después de la comida en La Camarga , Villena habla con Bruguer y entre comentarios personales le dice : "Tengo una factura para darte , imagino que el jefe te habrá informado, y la pregunta es ¿cómo quieres que lo hagamos ? ".

Método 3 niega que el PSC les contratara

La agencia de detectives Método 3 ha negado en un comunicado que el PSC les contratara institucionalmente para realizar algún tipo de grabación, ya fuera legal o ilegal... En un comunicado enviado a EFE, esta agencia asegura que la intermediación para contratarles en ese caso procedió del entorno de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. De hecho, dice que la grabación fue absolutamente legal y con pleno conocimiento de una de las interlocutoras en la comida. Ese comunicado añade además que cifrar una supuesta grabación ilegal en 1.750 euros demuestra tener un desconocimiento pleno del mercado de la investigación privada.

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