Las empresas de la privatización sanitaria firmarán sus contratos fuera de plazo

Según los pliegos de condiciones, la Consejería de Sanidad debería haber firmado esos contratos diez días después de la adjudicación, es decir, como muy tarde el pasado 2 de septiembres. Sin embargo, ni Ribera Salud, ni Sanitas, ni Hima San Pablo han firmado a tiempo. Una evidencia más de que el proceso no está completado.

La propia Consejería de Sanidad confirma que aún no han firmado los contratos con las tres empresas a las que han adjudicado la gestión de los hospitales de Parla, Aranjuez, San Sebastián, Vallecas, Coslada y Arganda. "No, aún no hemos firmado, las compañias han presentado la documentación, pero aún no hemos firmado", según admite a la Cadena Ser, el director general de gestión económica, Jesús Vidart, alto cargo del equipo de Javier Fernández-Lasquetty que se ha encargado de la elaboración de las condiciones del proceso de privatización.

Plazos incompatibles

Según los cálculos de la Comunidad de Madrid aún tienen margen para firmar esos contratos. "El plazo tope son quince días desde la notificación de la adjudicación", añade Vidart.

Eso es lo que argumenta la Consejería de Sanidad. Sin embargo, esos no son los plazos que ellos mismos diseñaron y redactaron. Según la cláusula 34 del pliego de condiciones administrativas, el plazo es muy claro, el límite serán "10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la adjudicación" (es decir, no desde la notificación como calculan en la Comunidad de Madrid).

Según las propias condiciones que fijó el consejero de Sanidad, en el caso de Ribera Salud y Sanitas deberían haber firmado el 23 de agosto (se les adjudicó el 9 de agosto), y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo debería haber suscrito el contrato el pasado 2 de septiembre (recibió la adjudicación el pasado 19 de agosto).

En cualquiera de los dos casos, el auto judicial del Juzgado número 4 de lo Contencioso Administrativo que paralizó la privatización no ha retrasado estos plazos, porque ese auto se notificó a las partes el día 3 de septiembre, es decir, posterior al límite que la propia Comunidad de Madrid había marcado.