La jueza Alaya procesa a Rodrigo Torrijos y a los dueños de la constructora Sando
La magistrada concluye la investigación sobre la venta de los suelos de Mercasevilla en un concurso público supuestamente amañado
La jueza Alaya da por terminada la investigación sobre la venta supuestamente amañada de los suelos de Mercasevilla a la constructora Sando y procesa al portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Rodrigo Torrijos, a los empresarios dueños Sando, a un exconcejal socialista, a los directivos del mercado de abastos, a dos exgerentes de urbanismo y a varios funcionarios del consistorio. La magistrada convierte en procedimiento abreviado las diligencias y concede 10 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento.
La magistrada entiende que han podido cometer los supuestos delitos de prevaricación o prevaricación urbanística y también, la mayoría de ellos, el de asociación ilícita porque se habrían organizado en torno al exdirector de Vía Pública, Domingo Enrique Castaño y el directivo de Mercasevilla, Fernando Mellet.
La jueza Alaya cree que el concurso público que organizaron para vender el suelo se hizo "a la medida" de Sando e hizo perder al Ayuntamiento 50 millones de euros porque NOGA ofreció más dinero por el terreno.
La juez deja fuera de la causa a otros tres imputados: Pilar Giraldo, exdirectora económica de Mercasevilla por su "puntual participación en la Mesa de Contratación", en la que se "limitó a recibir las valoraciones de los técnicos" y a los técnicos de Urbanismo José Manuel Ferrera y Alfredo Delmo.
Los acusados primero consiguieron que Sanma, filial de Sando, se hiciera con los derechos de superficie que tenía la empresa Larena y luego diseñaron un concurso "a la medida de Sanma" que contó con la oposición del secretario del Ayuntamiento, partidario de la subasta pública ajustada a los procedimientos de licitación pública, según el auto.
La fórmula del concurso, "propugnada sin el menor debate por Rodrigo Torrijos" permitía conducir el resultado hacia Sanma, a la que además se benefició mediante una cláusula de limitación al alza que "penalizaba extrañamente" las ofertas superiores al 10 por ciento de la media de las restantes.
Dicha cláusula no estaba en el pliego aprobado en la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla de noviembre de 2005 pero se metió "de rondón" por Castaño, Mellet, Rodrigo Torrijos y Crespo en una reunión "meramente formal" del Consejo de Administración, añade Alaya.
El exconcejal socialista imputado es Gonzalo Crespo que presidía Mercasevilla cuando se hizo el concurso. Los exgerentes de urbanismo imputados son Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán.
