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El Constitucional paraliza la ley antidesahucios de Andalucía

Admite a trámite la impugnación del Gobierno lo que provoca de forma automática la suspensión provisional de la ley

El alto tribunal admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el pasado 25 de septiembre por lo que la norma queda en suspenso al menos durante los próximos seis meses.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno lo que provoca de forma automática la suspensión provisional de la ley. Es la segunda ocasión en la que el tribunal de garantías suspende la ley antidesahucios de Andalucía, después que se anulara el decreto del Gobierno andaluz promulgado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

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El gobierno de Rajoy ha recurrido los artículos que afectaban a la expropiación temporal del uso de la vivienda que permitían que una familia o personas en riesgo de exclusión social pudieran continuar en su domicilio a pesar del desahucio.

La ley andaluza aprobada pasado 25 de septiembre, con los votos del PSOE y de IU y el rechazo del PP, permitía expropiar temporalmente la vivienda, al menos por tres años a las personas jurídicas (los dueños) que pretendían desahuciar a personas en riesgo de exclusión social.

Unas medidas muy bien acogidas por los más desfavorecidos y que ya habían conseguido su propósito paralizando, al menos dos desahucios en Torremolinos y Huelva. Además, la Junta tiene iniciados 37 expedientes publicados ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y otros 200 expedientes que esperan a ser tramitados.

Tal y como ordena la ley, el Constitucional ha acordado dar traslado de esta demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Andalucía, para que den su opinión.

Otras comunidades

El Gobierno de Asturias activó en noviembre de 2012 un plan de choque contra los desahucios que incluye la creación de una oficina de información y asesoramiento, convenios de colaboración con entidades financieras y la reserva de viviendas públicas para ponerlas a disposición de las familias objeto de desahucios.

En Aragón existe un programa de mediación hipotecaria y de alquiler social y una red de bolsas de viviendas con facilidades de acceso, al tiempo que se han firmado acuerdos con el Consejo General del Poder Judicial y convenios con los ayuntamientos.

Baleares impulsó un plan de alquiler con reducciones en los precios, y de otro lado dispone de mecanismos para la interrupción temporal de los desahucios.

El Ejecutivo de Canarias tiene también previsto reformar la ley de la vivienda para incluir las expropiaciones de pisos vacíos.

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