El juez ordena reabrir el caso de la muerte de una congoleña en el CIE de Aluche

La joven congoleña Samba, que entró a España a través de Melilla, falleció a los 34 años el 19 de diciembre de 2011 cuando estaba retenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. Solicitó asistencia médica en hasta diez ocasiones pero los médicos descartaron la gravedad de los dolores de los que se quejaba. Finalmente murió en el hospital 12 de Octubre, en el que ingresó el mismo día, procedente del polémico CIE de Aluche. Según denuncia su familia y varias ONG como Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo y la asociación de letrados por un turno de oficio digno, la joven perdió la vida "por una negligencia médica": "No se le llegó a realizar ni un análisis de sangre".

El auto de la Audiencia Provincial es contundente y ordena reabrir la investigación por la muerte de Samba porque, "de haber sido atendida correctamente, se podría haber evitado el fatal desenlace", según el escrito al que ha tenido acceso la SER y que lleva la firma de tres magistrados de la sección trigésima de la Audiencia Provincial madrileña. "El origen de la joven y la solicitud recurrente de atención médica desde el primer día en el CIE tendría que haber hecho sospechar a los facultativos de las posibles enfermedades en lugar de dar una simple asistencia sintomática", señala la defensa de la familia.

¿Negligencia médica o falta de protocolos y medios adecuados para atender a los inmigrantes en los polémicos CIE? Es la gran cuestión. El caso de Samba podría arrojar una respuesta clara a estas cuestiones denunciadas desde hace años por múltiples organismos públicos y organizaciones no gubernamentales.

La muerte de la joven congoleña y las evidencias de que su muerte se podría haber evitado de haber recibido una correcta asistencia sanitaria a tiempo han convertido a Samba en la bandera de todos los colectivos que denuncian la falta de atención sanitaria y el cuestionado funcionamiento de los polémicos de Centros de Internamiento de Extranjeros.

Su muerte causó un profundo impacto que fue creciendo a medida que se conocían las carencias de la escasa asistencia médica que recibió. La decisión de la Audiencia Provincial de reabrir el caso podría generar un profundo impacto dentro de la regulación del funcionamiento de estos centros, cuyo reglamento lleva más de dos años sin ser desarrollado por el Ministerio del Interior.

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La lluvia de denuncias sobre las irregularidades en los polémicos CIE lleva siendo reflejada desde hace años en informes del Defensor del Pueblo, de la Comisión Europea o del comité de derechos humanos de Naciones Unidas que también significó en su informe de 2012 la muerte de Samba Martine.

Antes de fallecer Samba Martine acudió hasta diez veces a los servicios médicos del CIE madrileño, como consta en el recurso presentado por la familia y Ferrocarril Clandestino, pero solo en una ocasión fue asistida por un intérprete como deja claro también el auto que ha ordenado ahora la Audiencia Provincial y que subraya que los facultativos descartaron la gravedad de los dolores que presentaba.

El primer examen médico que se realizó a Samba nada más ser encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche con fecha 12 de noviembre de 2011-realizado por la enfermería del centro- señaló que la joven estaba "bien" en la fecha del ingreso. Es el primero elemento que carece de sentido según el auto en el que los 3 magistrados de la Audiencia Provincial discuten totalmente la decisión de haber dado carpetazo a la investigación como hizo el juzgado de instrucción número 38.

En el auto que ordena reabrir el caso para empezar se discuten las revisiones médicas que en teoría se hacen a los internos en las primeras 24 horas que pasan por un CIE, como el caso de Samba a la que el informe médico de los servicios de enfermería del polémico centro de Aluche señalan como que está "bien" cuando "lo que es más chocante, no encaja es que Martine ese mismo día solicitara consulta por síntomas gripales y picazón en la región perineal" señala el auto que además apunta a que "no parece que fuera atendida siempre por médicos". Además los magistrados recuerdan que "sólo fue atendida con intérprete una de las veces" de las 10 en las que pidió ser atendida por un médico debido a los dolores que padecía.

Otro dato que señala como digno de investigación la Audiencia Provincial es que "la Historia clínica no coincide con el informe médico que aparece en las actuaciones" y que los síntomas descritos "sumados a la reiteración de la solicitud de consultas médicas , diez ocasiones, obligaban a sospechar la existencia de una enfermedad más grave que no fue tomada en consideración. No parece que se le realizara ningún análisis de sangre" destacan los magistrados.

Con todos estos datos, el auto de la Audiencia Provincial deja claro que "de haber sido tratada correctamente se podría haber evitado el fatal desenlace" . Inicialmente se apuntó a una meningitis como causa de la muerte, lo que el juez que archivó el caso tomó como única hipótesis "la muerte de Samba se habría producido igualmente aunque se hubiera diagnosticado y tratado" la meningitis que padecía, describió entonces el juez. Pero, posteriormente se supo que Samba ya había sido diagnosticada de VIH/SIDA a su paso por el CETI( Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes)de Melilla con lo que ahora el auto de la Audiencia Provincial deja claro que " el diagnóstico de VIH/SIDA hubiera permitido el tratamiento retroviral que hubiera mejorado de forma importante su situación inmunológica".

A esto se añaden múltiples testimonios, entre ellos la coordinadora de Cruz Roja en el CIE de Aluche, que insistieron en que "Samba llevaba 3 semanas con importantes padecimientos y dolores de cabeza, que no hacía más que llorar, gemir y quejarse". Dice el Auto que "las conclusiones de la forense suponen cierta incongruencia "porque si bien la meningitis es casi siempre fatal " pero sólo si no se trata" como dicen los magistrados que añaden " la conclusión es que si ( Samba) hubiera sido tratada 38 días antes , el resultado bien pudiera haber sido distinto".

En el auto se deja claro que se hace necesario un "pronunciamiento sereno sobre si existió, o no, responsabilidad penal del personal facultativo del CIE".