La Junta de Andalucía recurre la Lomce, que considera "nefasta y segregadora"
El consejero de Educación, Luciano Alonso, afirma que en Andalucía se impartirán asignaturas "desterradas" en la Lomce, como Educación para la Ciudadanía, y que la Religión se impartirá en el "horario mínimo posible"
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Andalucía se rebela contra la norma al considerarla "nefasta y segregadora".
"Andalucía se rebela, no vamos a ser insumisos, pero tampoco vamos a incumplir nuestro Estatuto de Autonomía", ha advertido en rueda de prensa el consejero de Educación, Luciano Alonso, quien ha asegurado que en esta comunidad se impartirán asignaturas "desterradas" en la Lomce, como Educación para la Ciudadanía, y en el caso de la Religión se aplicará el "horario mínimo posible".
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Andalucía planteará al Tribunal Constitucional que la reforma educativa que supone esa norma, cuya suspensión cautelar solicitará también en dicho recurso, atenta contra los derechos constitucionales e incurre en invasiones competenciales, además de considerar que "hace prevalecer la moral religiosa frente a los valores cívicos", es "mercantilista, técnicamente deficiente, con un calendario de difícil aplicación y sin financiación".
Para Alonso, la citada ley "no tiene en cuenta que somos Estado y que tenemos competencias" y ha mantenido que el recurso se presentará "más allá de diferencias ideológicas" y después de haber intentado todos los cauces posibles de diálogo con el Gobierno. "No se trata de una decisión caprichosa, sino de una obligación institucional y moral si queremos que nuestros hijos e hijas sean educados mirando al futuro con valores y libertad y no mirando al pasado", según expresó el consejero.
Luciano Alonso indicó además que lo que "realmente preocupa" es el calendario de aplicación ya que "en solo unos meses hay que poner en marcha una ley con problemas curriculares muy graves". A su juicio, es "materialmente imposible llegar a tiempo" al considerar que en solo unos meses no se puede iniciar una aplicación legislativa que implica cambios estructurales muy profundos, mientras aludió a la incertidumbre de la financiación ya que la implantación para Primaria y FP Básica costará a Andalucía 150 millones de euros anuales.
Son ya cuatro los recursos de inconstitucionalidad contra normativas estatales que presenta el Ejecutivo andaluz en lo que va de año. El pasado martes decidió recurrir la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
