La jueza Alaya envía a las Cortes a la Guardia Civil para entregar un oficio
Según fuentes consultadas por la SER, <b>en ese oficio se aludía a dos diputados socialistas</b>, al expresidente andaluz, <b>Manuel Chaves</b>, y al exconsejero de Empleo de la Junta,<b> José Antonio Viera</b>
Una pareja de la Guardia Civil vestida de paisano y en calidad de policía judicial se ha presentado esta tarde en el Congreso. Pretendían entregar un oficio enviado por la jueza que investiga el escándalo de los ERE en Andalucía, Mercedes Alaya, y dirigido personalmente al presidente de la cámara, Jesús Posada.
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Según fuentes consultadas por la SER, en ese oficio se aludía a dos diputados socialistas, al expresidente andaluz, Manuel Chaves, y al exconsejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera, presuntamente vinculados con ese escándalo. Los dos agentes han sido atendidos por una letrada de la Cámara Baja, que se ha limitado a dar por recibido el documento. Fuentes de la presidencia del Congreso han asegurado que, tras constatar que el oficio procedía de una jueza de instrucción, se ha dado instrucción de comunicar a Alaya que esas no son las formas adecuadas de relacionarse con las altas instituciones del Estado. En opinión del presidente del Congreso, su interlocución institucional corresponde al Tribunal Supremo y no a una jueza de instrucción de Sevilla.
En paralelo, la jueza ha enviado otro oficio similar al presidente del Senado, Pío García Escudero, que también ha sido llevado por los mismos agentes de la Guardia Civil. Se da la circunstancia de que en la Cámara Alta hay otro aforado presuntamente relacionado con el escándalo de los ERE, el expresidente andaluz, José Antonio Griñán.
Se desconoce el contenido exacto de esos oficios pero todo indica que el objetivo era brindar a Chaves, Viera y Griñán la posibilidad de declarar voluntariamente, que es una forma de la jueza de esquivar al Supremo, ya que no tiene competencia para obligarles a declarar porque son aforados. Alaya ya lo intentó en una ocasión el año pasado y la Audiencia de Sevilla le obligó a motivar esa decisión antes de comunicársela a los afectados. La jueza también envió una providencia al Congreso a primeros de diciembre para que acreditara la condición de aforados. Desde entonces no ha llegado ninguna acreditación al respecto.
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