Los antiguos inquilinos de la EMVS ya sufren el cambio de casero

Los afectados denuncian el envío de cartas amenazando con el desahucio por parte de los nuevos gestores privados si se demoran un mes en el pago de los recibos

La venta de viviendas públicas al grupo Blackstone comienza a tener consecuencias. El nuevo casero, a través de la gestora Fidere, está enviando cartas "amenazadoras" a aquellos inquilinos que no pagan una mensualidad, además de incrementar el precio de los recibos para el pago de los gastos de comunidad. El Ayuntamiento de Madrid insiste en que las condiciones de los contratos no han variado.

Hace diez meses, el Ayuntamiento vendió más de 1.800 pisos a la sociedad Magic Real State Blackstone, el mayor fondo de capital riesgo del mundo, por 128 millones de euros. Ahora, la empresa Fidere, que gestiona esas viviendas, comienza a presionar a los vecinos que se han demorado, aunque sólo sea un mes, en el pago de sus recibos.

Cartas "amenazantes", según los afectados, con la advertencia de que si no se ponen al corriente de pago, la empresa iniciará el procedimiento judicial para el desahucio.

"Yo tuve un recibo pendiente por causas laborales y me han enviado una carta diciendo que me desahucian. Me dijeron que si no pagaba que echaban y hay vecinos en la misma situación a los que la empresa nueva les está diciendo que se vuelvan a su chabola, que ellos no son una ONG", afirma una inquilina afectada.

Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en una de los promociones del PAU de Carabanchel, en este caso en la calle Salvador Allende, donde los afectados viven con angustia esta nueva situación. Pagan unos 500 euros por un piso de casi 70 metros cuadrados, aunque sospechan que el recibo irá subiendo a medida que vayan venciendo los contratos.

Y no sólo eso, los gastos de comunidad también se han duplicado. "En fincas que no tienen jardines ni piscina y donde para una vivienda de 64 metros cuadrados pagamos 52 euros de comunidad, nos quieren subir a 100 euros con engaños y coacciones", añade esta inquilina.

Los vecinos denuncian, además, que con la EMVS se podía negociar, e incluso fraccionar el pago en caso de necesidad social, pero no con estos "fondos buitre" cuyo único objetivo, según dicen, es conseguir la máxima rentabilidad con unos pisos que fueron construidos con el dinero de todos.

La versión municipal

El Ayuntamiento insiste en que las condiciones contractuales no han cambiado y que el proceso de venta no afecta a los contratos de los inquilinos. Así lo defendió la propia Ana Botella durante el último pleno municipal tras una pregunta del portavoz socialista, Jaime Lissavetzky.

"Sus derechos siguen siendo los mismos, sus obligaciones siguen siendo las mismas, las condiciones de los contratos no han variado, las viviendas siguen siendo protegidas, para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero, nada más", explicó la alcaldesa. Lissavetzky recordó, en cambio, que esas viviendas "promovidas por la EMVS fueron financiadas con dinero público" y vendidas "a precio de saldo" por un importe medio de 65.000 euros.

El Ayuntamiento se escuda además en que la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada semanas antes de que Blackstone desembarcara en Madrid, no permite, según el artículo 25.7, que los vecinos puedan ejercer el derecho de tanteo o retracto para poder comprar sus viviendas. El Consistorio precisa que las viviendas no eran exactamente de alquiler social, sino de renta objetiva.

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