Sociedad
FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

La Junta se persona como acusación en el caso sobre la financiación de UGT

Dos nuevos detenidos en la operación contra el fraude de los cursos de formación de este sindicato en Andalucía

La sede de la agencia de viajes Macarena con la que habitualmente viajaba UGT AndalucíaGoogle Street View

La Junta ha ordenado a sus servicios jurídicos personarse en la causa penal como acusación particular al sentirse perjudicada en este proceso. El Gobienro andaluz recuerda que mantiene abierto el procedimiento administrativo para recuperar el dinero supuestamente defraudado o no debidamente justificado.

"Como siempre, la Junta de Andalucía colaborará en todo lo que le sea solicitado y contribuya a acelerar la acción de la Justicia", señala el Gobierno andaluz.

Sigue abierta la segunda fase de la operación Cirene, por el caso de las supuestas facturas falsas de UGT en cursos de formación. Dos personas más han sido detenidas esta mañana en Alicante.

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Hay ya 16 personas detenidas desde que la Guardia Civil inició los registros ayer. Hoy han comenzado a pasar a disposición judicial.

Los dos primeros empresarios que han declarado como imputados por las presuntas facturas falsas de UGT han afirmado al juez que creyeron estar actuando legalmente y que siempre lo hicieron según las indicaciones del sindicato.

El dueño de la empresa Chavsa, Simón Chavarri, y el propietario de una imprenta sevillana han añadido en su declaración que esperan acreditar en su momento la legalidad de su actuación.

El juez de instrucción 9 de Sevilla tiene intención de tomar declaración hoy a 10 de los 14 detenidos ayer por la Guardia Civil dentro de la operación sobre la presunta falsedad de facturas de UGT para justificar los fondos de formación que recibía de la Junta, han informado a Efe fuentes judiciales.

El fiscal Anticorrupción, que está asistiendo a las declaraciones, presentará su posible petición de medidas personales o de responsabilidad civil contra los imputados una vez que terminen todas las comparecencias.

El juez ha imputado a los detenidos presuntos delitos de malversación, falsedad y contra hacienda pública.

 
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