Admitida a trámite una denuncia del PSM por presunta malversación en la venta de viviendas públicas
El juzgado de instrucción número 38 ha considerado que hay "una posible existencia de una infracción penal"
Los socialistas madrileños se habían querellado contra la EMVS por la venta de 1.800 inmuebles a fondos buitres. "Creíamos que por un lado se había sustraído la utilidad social y que se habría producido una la malversación de los caudales públicos", denuncia Lissavetzky
La justicia admite a trámite una querella del PSOE madrileño municipal por la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la vivienda y el suelo de Madrid (EMVS) a fondos buitre. El juez investigará la causa por una posible existencia de malversación de fondos públicos.
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El juzgado de instrucción número 38 ha considerado que hay "una posible existencia de una infracción penal" y por lo tanto la denuncia del PSM sigue adelante. Los socialistas madrileños se habían querellado contra la EMVS por la venta de 1.800 inmuebles a fondos buitres.
"Creíamos que por un lado se había sustraído la utilidad social, que consiste en dar un inmueble a aquellos que necesitan unos precios especiales para vivir en dignidad. En segundo aspecto, la malversación de los caudales públicos, está basado en el precio de venta, un precio de saldo", denuncia el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky. Según el PSM cada inmueble se vendió por una media de 65.000 euros, un precio que consideran por debajo de uno de subasta.
Imputación de la directora del IVIMA
No es la primera vez que los socialistas madrileños llevan estos casos ante los tribunales. La semana que viene, la directora del IVIMA, en estos casos las viviendas públicas de la Comunidad de Madrid, se sentará en el banquillo por un presunto delito de malversación. Ana Gomendio deberá explicar el 3 de septiembre por qué se vendieron 3.000 viviendas públicas por 200 millones de euros cuando los socialistas madrileños estiman que se tendría que haber tasado en casi el doble, en más de 370.000 euros.
Además, los socialistas madrileños quieren que Gomendio aclare al juez por qué se adjudicó el concurso a la empresa Azora, gestinada por una SICAV en la que el Consejero de transportes, Pablo Cavero, y su familia tienen responsabilidad y han depositados sus ahorros.
