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Ana Gomendio "no sabía nada" de la venta de pisos del IVIMA a fondos buitre

La gerente del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha dicho hoy al juez que la venta de varias promociones de vivienda pública madrileña fue decisión de su antecesor, Juan Van-Halen

Ana Gomendio a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla esta mañana /

Decenas de afectados por este proceso han protestado frente a los Juzgados de Plaza de Castilla. Temen quedarse en la calle por no poder asumir el nuevo alquiler y exigen que se paralice la operación de venta de unas 3.000 viviendas públicas al fondo privado Goldman Sachs.

La directora general del IVIMA, Ana Gomendio, ha defendido este miércoles ante el juez la legalidad y transparencia en el proceso de licitación para la venta de unas 3.000 viviendas públicas al fondo privado Goldman Sachs.

Gomendio ha acudido a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de la querella presentada por el PSM. A la demanda se han sumado la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y otras plataformas de afectados.

Según los abogados de estas asociaciones, la máxima responsable del IVIMA se ha "autoexculpado" de responsabilidades al insistir en que el proceso de licitación había sido ya iniciado por su predecesor Juan Van-Halen y ha añadido que desconocía los trámites previos que se realizaron.

Por tales alusiones, las acusaciones particulares han señalado que solicitarán al juez que cite a declarar a Van-Halen para que explique el proceso de licitación. También han pedido que se realice un informe pericial que cuantifique el valor real de la venta de las viviendas.

Familias desesperadas

Decenas de afectados por la venta de estas viviendas se han manifestado frente a los juzgados de Plaza de Castilla mientras se producía la declaración de Gomendio. Con pancartas en las que se podía leer "Vivienda digna para todos" y "Nos arrojan a los buitres", los inquilinos de estos pisos, han pedido que se paralice el proceso. Temen que el nuevo dueño de los inmuebles ponga unos alquileres "inasumibles" para sus rentas y se vean obligados a abandonar sus casas.

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