Los alcaldes ya piden a la Junta avances en la amnistía para las viviendas ilegales

Municipios malagueños afectados por las viviendas irregulares piden a la Junta que detallela reforma legal anunciada este miércoles por la presidenta andaluza, Susana Díaz, para salvar estas casas de la demolición. Y hay alcaldes, como el caso de Alcaucín, que reclamen que se bloqueen las órdenes de demolición que pesan sobre estas casas construidas en suelo no urbanizable.

Solo en Mijas, hay 350 viviendas pendientes del derribo. Este municipio es uno de los más afectados por las residenciales ilegales; existen unas 4.000 residencias sin autorización. El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento aplaude esta modificación de la ley, pero urge a la Junta a concretar los casos ya que no quede el anuncio en papel en blanco. José Antonio Sánchez, concejal de Agricultura del municipio y que ha presidido un colectivo de afectados, sostiene que el Gobierno andaluz debe avanzar en esta medida y concretar los casos que se podrán acoger.

En Alcaucín, su alcalde, el popular Domingo Lozano, da un paso más y pide ya el bloqueo de las órdenes de demolición.

Por su parte, en el Ayuntamiento de Cártama, donde hay unas 3.000 viviendas ilegales, aseguran regularización tendrá un alcance limitado en el municipio, porque allí el problema principal son las urbanizaciones en terreno protegido, tal y como expone Noelia Suárez, concejala de Urbanismo (PSOE), que plantea interpretar el anuncio de la reforma con prudencia, para no generar falsas expectativas a los dueños.

En la provincia, hay unas 50.000 viviendas ilegales. La Junta asegura que todavía no puede dar una cifra aproximada de casas que podrían acogerse a esta amnistía.

Se trata del segundo anuncio de regularización masiva de viviendas en Andalucía. Hace dos años se aprobó un decreto para que salieran del limbo miles de casas, pero que resultó un fracaso. Ahorala Juntaplantea modificar un artículo de la ley urbanística que "regularizaría" casas en parcelaciones no urbanizables sobre las que pesa la ilegalidad de forma permanente, es decir, que no prescribe.

"Es un premio a los delincuentes"

Estecambio legal ha causado indignación entre los ecologistas, que recriminan a la Junta que indulte a delincuentes. En el plano jurídico, expertos admiten que esta reforma legal dificultaría los procesos penales que se siguen en los tribunales por delitos contra la ordenación del territorio. Diego Vera, profesor experto en urbanismo de la Universidad de Málaga, dice que se ha buscado una fórmula inédita en Derechoque tendrá efecto en las causas judiciales, en los casos de delitos contra la ordenación del territorio.

¿Y qué pasa conlas viviendas que ya han sido demolidas? Javier Carnero, delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta, asegura que el derribo en estos casos era la opción inevitable, por estar edificados en suelo protegido, en parajes o en cauces de los ríos.

Los dueños de estas casas celebran esta reforma y defienden que no son unos delincuentes, ni especuladores. Manolo Pedrosa empezó a construir hace seis años su chalé en suelo no urbanizable en un diseminado de Mijas. Asegura que paga sus impuestos (IBI, agua..) y que ahora está dispuesto a abonar lo que haga falta, a cambio de que no le echen abajo su casa