Sorpresa en la UDEF y en la UCO por la decisión de la juez Alaya

Madrid

Policía y Guardia Civil están sorprendidos ante la decisión de la juez Alaya de apartar a la Policía Nacional de la investigación de las supuestas irregularidades en los cursos de formación de Andalucía. Oficialmente la Dirección General de la Policía Nacional Y la Dirección General de la Guardia Civil no se han pronunciado pero el auto ha caído por sorpresa entre los operativos que llevan estas investigaciones.

La magistrada ha dictado un auto en el que exige a la policía que deje de investigar este caso para que sea la Guardia Civil la que lleve en solitario las pesquisas. Alaya ha pedido al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cese "de inmediato" en su actividad y que le entregue todas las actuaciones que ha realizado desde el momento. Fuentes de la UDEF consultadas por la Cadena SER aseguran estar molestos con la decisión de la juez porque desde el principio la juez Alaya apartó a la policía de la investigación de los ERE. En el año 2011 la investigación propia de los ERE la comenzó a llevar la unidad policial judicial adscrita a los juzgados de Sevilla pero la juez Alaya decidió por "falta de medios" entregar las pesquisas a la Guardia Civil.

Desde hace semanas la policía está tomando declaración a centenares de testigos de los cursos de formación en prácticamente todas las provincias de Andalucía. Alaya ha reclamado varias veces las causas abiertas a varios juzgados. Dos juzgados de Cádiz se inhibieron pero otro juzgado de Málaga se negó.

En la UCO, la Unidad contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil, el auto de la juez Alaya ha caído con sorpresa. No entienden porque llega en este momento. Conocían el malestar de Alaya con la detención por parte de la policía del exconsejero andaluz Ojeda en Cádiz el pasado mes de agosto, acusado presuntamente de beneficiarse de subvenciones con los cursos de formación y esperaban esta decisión en agosto.

El Ministerio del Interior prefiere no pronunciarse oficialmente y eso que la decisión de la juez le afecta directamente. Alaya sostiene que la policía "pone en peligro su instrucción al invadir parcelas de la investigación que le son ajenas".

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