Málaga se ha convertido en ejemplo de la corrupción político urbanística

Continúan en instrucción o pendientes de juicio más de un centenar de causas con cerca de 200 imputados,de los que medio centenar son, o han sido, cargos públicos o funcionarios de las distintas corporaciones.

El más relevante, aún en instrucción, es el caso Astapa por la supuesta corrupción en el consistorio de Estepona (67 mil habitantes). Hay 110 imputados entre ellos 10 ex concejales, la mayoría del PSOE y 12 funcionarios. Las investigaciones comenzaron en 2007 y aún siguen el caso en instrucción. Se investiga la presunta financiación irregular del consistorio y las mordidas de los acusados a cambio de licencias y convenios urbanísticos.

El caso Arcos, con un total de 49 acusados, está pendiente de juicio. Entre los procesados el ex alcalde socialista de la localidad malagueña de Alcaucín (2.800 habitantes) José Manuel Martín Alba a quien la policía encontró más de 160 mil euros en un colchón de su casa. El cobro a particulares a cambio de viviendas irregulares está detrás de este asunto.

Los convenios urbanísticos también laten en el caso Acinipo contra la corrupción en Ronda (37 mil habitantes). Hay 11 imputados entre ellos el ex alcalde socialista de la localidad Antonio Marín Lara, otros tres antiguos ediles socialistas y cuatro funcionarios.

Otro de los casos llamativos en la provincia de Málaga se ha desarrollado en la localidad de Casares (5.600 habitantes), donde fue detenido el ex alcalde de la localidad, Juan Sánchez (IU) acusado de blanquear dinero de la mafia rusa a través de una promoción de viviendas de lujo en esta localidad en la urbanización que da nombre a la operación policial “Majestic”.

Pero las causas judiciales alcanzan otros tipos de corrupción. La ya ex alcaldesa de Manilva( 14.400 habitantes Antonia Muñoz (IU), está imputada por , supuestamente, enchufar en el consistorio a más de 400 simpatizantes de la formación y amigos, además de adjudicar obras y servicios a empresas de su entorno familiar por cientos de miles de euros.

A ello hay que sumar el más de un centenar de causas derivadas del caso Malaya por la corrupción político urbanístico en Marbella en la era GIL que aún siguen en instrucción.

El juicio por la pieza principal este asunto está pendiente de sentencia definitiva del Tribunal Supremo. En primera instancia fueron condenadas 51 personas con condenas que suman más de 130 años de cárcel y multas que rondan los 450 millones de euros.

Los asuntos de corrupción pendientes de juicio en Málaga suman más de 1.000 tomos y 400.000 folios de instrucción.