3 de marzo de 1976, los asesinatos de Vitoria

Vitoria

Vitoria. 3 de marzo de 1976. Aquel día se había convocado una huelga general en Vitoria. Era la culminación de dos meses de paros en varias fábricas de la ciudad. Los trabajadores reclamaban 5.000 pesetas al mes y otras mejores laborales, pero los dueños de las factorías no cedían, apoyados por las autoridades franquistas.

El conflicto había ido creciendo hasta el punto de que también se pedían libertad y derechos. Franco había muerto cinco meses antes pero la democracia tardaría todavía tiempo en llegar.

La lucha de los trabajadores de Vitoria trascendía las fronteras de aquella pequeña ciudad y preocupaba al Gobierno en el que estaba Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales. El Gobierno temía que el ejemplo de Vitoria –un movimiento asambleario de trabajadores luchando por mejoras laborales y más libertad– pudiera extenderse a otros puntos de España.

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Aquel 3 de marzo de 1976 Vitoria despertó paralizada. La huelga había sido un éxito. Por la mañana se vivieron algunos altercados con la policía pero la tragedia llegaría por la tarde. A esa hora se había convocado una asamblea en la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga.

Pese a la presencia policial, cerca de cuatro mil personas lograron acceder al interior del templo. Asambleas como la de aquella tarde se habían organizado en otras ocasiones pero esta vez las autoridades no la iban a permitir.

La Policía Armada exigió a las personas que estaban en el interior que desalojaran la Iglesia, pero los trabajadores se negaron. Sabían que lo que les esperaba fuera eran porras y golpes. Fue peor.

“Si lo desalojan por las buenas, vale. Si no, a palo limpio”, comentaba un mando policial en unas grabaciones de las conversaciones policiales de aquella tarde.

Los policías rompieron algunos cristales de las ventanas y lanzaron botes de humo dentro del templo. Cuando la gente empezó a salir de la iglesia, la policía disparó a la multitud.

Más de un centenar de personas resultaron heridas y cinco trabajadores fueron asesinados: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda

Estas son las conversaciones entre los policías:

“¿Que tal esta el asunto ahora por ahí?, cambio. Te puedes figurar, después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Francisco, ya me contarás como está toda la calle, cambio. Muchas gracias, buen servicio, cambio”.

La Ley de Amnistía impidió investigar estos hechos. Durante décadas las víctimas y sus familiares reclamaron justicia.

El Instituto de Historia Social de la Universidad del País Vasco investigó los hechos y concluyó que existían “responsabilidades penales claras” pero no pudo identificar a las personas que tomaron la decisión de desalojar la iglesia a sangre y fuego.

En 2008, el Parlamento vasco atribuyó “responsabilidades políticas evidentes” a Manuel Fraga, ministro de Gobernación, Alfonso Osorio, ministro de presidencia y también a Rodolfo Martín Villa, entonces al frente del ministerio de Relaciones Sindicales.