El administrador del Betis fue abogado defensor del marido de Alaya

Sevilla

La jueza Mercedes Alaya, en un auto en el caso Betis, niega la relación de su marido, Jorge Castro, con el actual administrador judicial del club, Francisco Estepa. La magistrada dice que “la imaginada relación” está basada “en bulos periodísticos”. La Cadena Ser tiene en su poder los documentos que demuestran que hace dos años Estepa fue abogado del marido de Alaya, cuando Jorge Castro estuvo imputado por su trabajo en la administración social de los laboratorios Pérez Jiménez.

Jorge Castro designa como abogado a Francisco Estepa, el actual administrador del Betis por decisión de Mercedes Alaya, el 27 de noviembre de 2012. En el mismo acto Castro designa su domicilio como lugar para recibir las notificaciones oportunas y dice que en su ausencia su esposa, Mercedes Alaya Rodríguez, puede recibirlas en la misma dirección.

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Alaya esconde esta relación en un auto a un recurso de Lopera. La magistrada asegura que la única relación entre Estepa y su marido es que los dos “desarrollan una parte de su actividad profesional como administradores concursales, como otros miles de profesionales”.

Jorge Castro declaró como imputado, por exhorto, asistido por Francisco Estepa en el juzgado de instrucción número 18 de Sevilla. El exhorto fue remitido por un juzgado de Posadas, en Córdoba.

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Manuel Ruiz de Lopera, en la queja presentada contra la jueza ante el Consejo General del Poder Judicial por las supuestas irregularidades en la forma y el fondo del procedimiento que le afecta, informa al respecto pero sin aportar la prueba de esa relación.

Lopera, apartado del Betis desde hace más de cuatro años, también ha informado al Consejo de que el magistrado ponente de los recursos de apelación que resuelve la Audiencia de Sevilla, Juan Antonio Calle Peña, es sobrino carnal de uno de los directivos de una de las asociaciones béticas que se querelló contra Lopera en 2008.

La jueza Alaya, en contra del criterio de la Fiscalía de Sevilla, separó a Lopera del Betis y mantiene las medidas cautelares después de cuatro años y tras dictar el auto de procesamiento. Situación que ha recurrido el ex máximo accionista del Betis con el apoyo del fiscal. “La adopción de la medida cautelar [embargo de las acciones] no era ajustada a Derecho, por considerar que el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es manifiestamente insuficiente para justificar una medida de la gravedad de la adoptada, aún menos su mantenimiento pasados cuatro años de su implantación", dijo el fiscal en el último recurso que presentó.

Alaya procesó en mayo a ocho personas, entre ellas el ex máximo accionista Manuel Ruiz de Lopera y el ex consejero delegado del club Luis Oliver. La instructora impuso una fianza civil de 33 millones a Lopera y de un millón a los también imputados Mercedes Ferraro, Teresa González y Ana María Ruiz; de 2,6 millones para Guillermo Molina y el exconsejero del club Ángel Guillermo Marín; así como de 1,6 millones para Francisco Javier Paez y de 431.280 euros para Luis Oliver. Este procesamiento, como el mantenimiento de las medidas cautelares, está recurrido ante la Audiencia de Sevilla. El magistrado Calle Peña tendrá que decir si se aparta de resolver sobre el caso una vez que el secretario judicial ha certificado que es sobrino de uno de los dirigentes de las asociaciones béticas que se querellaron contra Lopera.