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CASO SAN ANTONIO

El Ayuntamiento ha pagado a Antón 3,3 millones de euros por los locales de San Antonio desde 2007

Según la comisión municipal de investigación, el local le costó al empresario 2,7 millones de euros

Los locales municipales en la calle San Antonio / GOOGLE MAPS

Los locales municipales en la calle San Antonio

Vitoria

La primera factura es del 16 de marzo de 2007. La última hasta ahora es del 10 de octubre de este año. Entre tanto, decenas y decenas de facturas a las que ha tenido acceso la Cadena SER en las que el Ayuntamiento ha pagado a Gonzalo Antón por el alquiler de los locales de San Antonio, las tres plazas de garaje y el trastero y las obras de adecuación de los locales.

Los impuestos como el IBI y la tasa de basuras también van a cargo de las arcas del Ayuntamiento de Vitoria.

Según estos datos, desde que Alfonso Alonso firmara el polémico acuerdo con Gonzalo Antón en febrero de 2007, el Ayuntamiento le ha pagado casi 3,3 millones de euros, en concreto, 3.283.121 euros (a los que habría que sumar otros 17.206 euros de la última factura de octubre que está pendiente de contabilizar).

Durante la investigación que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Vitoria, los grupos de la oposición desvelaron que la adquisición de esos locales le habían costado 2,7 millones de euros al expresidente del Deportivo Alavés.

La inversión total del empresario, en todo caso, asciende a 4,3 millones de euros, ya que a la compra de las oficinas hay que sumar otros 1,6 millones de euros por las obras de reforma que realizó el empresario y que también pagan las arcas públicas.

Esta operación está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas del Estado por presuntas irregularidades. Recientemente, el Gobierno municipal ha entregado al Tribunal la documentación que le exigió para continuar con sus indagaciones.

Tras el escándalo suscitado en el Ayuntamiento, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, renegoció el precio del alquiler rebajando la renta "un 30%".

La comisión de investigación del Ayuntamiento concluyó que el contrato y la modificación "van en contra del interés público por cuanto, en el mejor de los casos, en la actualidad siguen obligando al Ayuntamiento a un desembolso no inferior al doble del valor de compra del local".

Iker Armentia

Iker Armentia

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