El juicio del Caso Unión se reanuda en Las Palmas de Gran Canaria
Se investiga si Francisco José Rodríguez Batllori cobró dinero del ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por trabajos que no se realizaron, y que encubrirían el pago por las gestiones que realizó para Dimas Martín
Las Palmas de Gran Canaria
La vista oral de la primera pieza separada del Caso Unión se ha reanudado este martes en la sede de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. En esta jornada le tocaba el turno a los testigos. Los primeros en declarar han sido el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez Simón y el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel. A los dos se les ha preguntado por reuniones que mantuvieron con uno de los acusados, Francisco José Rodríguez Batllori, a las que supuestamente acudía en representación del ayuntamiento de Arrecife. Los dos han acreditado la existencia de esos encuentros, aunque han reconocido que nunca comprobaron que efectivamente Batllori fuera asesor del ayuntamiento lanzaroteño.
Otro que también ha testificado ha sido Juan José Cobo Plana, el abogado que llevó todo el proceso concursal de la empresa pública de aguas, Inalsa, que también admitió que tuvo reuniones con miembros del equipo de Gobierno del Cabildo insular para tratar ese asunto, tanto con dirigentes del Partido Socialista como del Partido de Independientes de Lanzarote. Ha asegurado que les tuvo que explicar las consecuencias para los administradores sociales de la entidad sino se presentaba el concurso de acreedores voluntario. Cobo Plana ha dicho en la sede judicial que los socialistas vieron enseguida la necesidad de iniciar el proceso, mientras que los dirigentes del PIL tenían dudas, y que abogaban por llegar a un acuerdo con los acreedores. Por eso, finalmente tuvo que reunirse tanto con Francisco José Rodríguez Batllori como con Dimas Martín. A su juicio, esta reunión fue la que desatasco el proceso.
Javier Sánchez Simón. No consideré necesario
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Domingo Berriel. No era necesario
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Juan José Cobo Plana
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Esta vista oral se centra en una de las piezas separadas del Caso Unión en la que se investiga si Francisco José Rodríguez Batllori cobró dinero del ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por trabajos que según el fiscal no se realizaron, y que en realidad encubrirían el pago de sus gestiones para conseguir el tercer grado a Dimas Martín. Además de estos dos hay otros cuatro acusados que se enfrentan a penas de entre uno y ocho años de prisión por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad.
