Los diputados soberanistas del Parlament se autoinculpan

Barcelona

Las cuatro formaciones que forman el bloque soberanista en el Parlament, CiU, ERC, ICV y CUP, consideran que es un grave error la decisión de la Fiscalía General del Estado y consideran que Mariano Rajoy, pretende tapar "sus vergüenzas" escondiéndose detrás de la Justicia para resolver un conflicto político.

Todos lamentan las presiones políticas recibidas por la fiscalía. Jordi Turull, portavoz de CiU en el Parlament, afirma con rotundidad: "si lo que quiere hacer, porque es lo que se está perpetrando, es una persecución política decorada jurídicamente que actúe contra el Parlamento de Cataluña, contra los diputados del Parlamento de Cataluña".

Por su parte, Dolors Camats, de Iniciativa per Catalunya explica que se ponen a disposición de la fiscalía: "para que nos haga llegar cualquiera de las peticiones o requerimientos que pueda hacer llegar a cualquier otro porque nos sentimos coautores intelectuales y materiales del 9 de noviembre".

Y por parte de la CUP, Quim Arrufat afirma que: "hay también una voluntad política de personalizar mediante el ataque personal y con esta desproporción, personalizar el conflicto de Cataluña en una sola persona".

En Madrid también ha hablado el alcaldable de ERC por Barcelona, Alfred Bosch, quien considera que: "esto es una gesticulación más del poder y el proceso en Cataluña sigue adelante con toda la fuerza".

Hay que recordar que el Parlamento aprobó la semana pasada una moción donde se hacía responsable de todas las acciones jurídicas que se puedan tomar contra el 9-N.

La decisión de la Fiscalía General del Estado tampoco ha gustado al PSC. Mauricio Lucena es su portavoz parlamentario: "Es un gravísimo error, me atrevo a calificarlo de desastre telúrico; el problema es de naturaleza estrictamente política y judicializar-lo no sólo no lo resolverá sino que empeorará las cosas".

Ciudadanos critica que la decisión llega tarde y mal y reclama elecciones en España y Cataluña para desatascar el conflicto. Sólo el PP se muestra satisfecho y asegura que la decisión de la fiscalía demuestra que el Estado de derecho funciona y que quien la hace, la paga.