La justicia reabre una investigación contra el exdirector general de Telemadrid

Madrid

La justicia ha ordenado reabrir una investigación contra José Antonio Sánchez, actual presidente de RTVE y exdirector general de Telemadrid, por presuntas irregularidades que habría cometido en su etapa al frente de la televisión y la radio públicas de Madrid (RTVM). Una investigación que llevó un juzgado de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, y que fue archivada a finales de 2013, en torno a una contratación presuntamente irregular, según denunciaba Comisiones Obreras: haber contratado empleados de Telefónica Broadcast Services para emitir la señal de TeleMadrid y La Otra, así como externalizar diversos servicios informativos, coincidiendo con el despido anticipado de 791 de los trabajadores incluidos en el ERE de comienzos de 2013. Según los denunciantes, esto obstruyó el derecho de huelga de los trabajadores, además de favorecer indebidamente a la empresa contratante.

Los jueces de la Audiencia Provincial ordenan que se reabra la investigación por estos hechos en el juzgado de Pozuelo, porque entiende que no se investigó lo suficiente: “La decisión de sobreseimiento provisional no descarta que los hechos sean delictivos, sino que únicamente afirma que no se ha justificado debidamente su perpetración”. Por eso ordena reabrir la investigación “con la exclusiva finalidad de verificar el contenido de la declaración del querellado”, y exige recabar y unir a las actuaciones el expediente de contratación completo y los documentos referidos a los informes jurídicos y económicos que se emitieron, así como las decisiones que se tomaron para externalizar esos servicios.

El auto reza que “dicha valoración sobre la plena regularidad de la decisión de contratación externa y su justificación, así como el procedimiento seguido y la participación que haya tenido el querellado no ha sido judicialmente verificada, no puede llevarse a cabo fundada y objetivamente sin analizar el expediente seguido para realizar la contratación”.

Ponen como ejemplo los jueces que el querellado, Sánchez Domínguez, ha aportado las dos ofertas económicas presentadas por las sociedades que se presentaron al concurso hablando de “las prescripciones técnicas que conozco”, pero sin que exista “rastro alguno de cómo, quién y porqué se establecieron las mismas ni tampoco desde cuándo o a través de qué procedimiento o personas se entablaron los contactos con las empresas”.

Los sindicatos querellantes entendieron que esta actuación se llevó a cabo “para obstaculizar o perjudicar el libre ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores de RTVM” durante la negociación del ERE que entonces planeaba sobre el ente público madrileño. A esto hay que añadir, según la querella, que José Antonio Sánchez había tenido una relación laboral anterior con Telefónica, asegurando que de hecho estaba en excedencia laboral de esta empresa mientras estaba en la dirección de Radio y Televisión de Madrid. “Se alega que a través de dicho contrato ha favorecido indebidamente a dicha empresa sin haberse abstenido en el proceso de contratación”.

De esta manera la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso presentado por la Federación de servicios a la ciudadanía del sindicato Comisiones Obreras, y deja sin efecto el sobreseimiento provisional que acordó el juzgado de instrucción nº 3 de Pozuelo a finales de 2013. La querella pone sobre la mesa dos fechas que hacen coincidir en el tiempo esta contratación con el despido anticipado de los 791 trabajadores, del total de 820 incluidos en el ERE: el despido se produjo entre el 10 y el 12 de enero, y la contratación el día 16 de ese mismo mes, apenas unos días más tarde.