Penas más graves y nuevos delitos contra la corrupción

Valencia

Los jueces decanos han reclamado hoy, para luchar contra los casos corrupción, que "se han multiplicado" en los últimos años, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos, así como una agravación de las penas y la introducción de nuevos tipos de delitos relacionados con estas conductas.

Se trata de algunas de las propuestas incluidas en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción" presentado hoy en Valencia por los jueces decanos de España, y enmarcado en un "contexto de indiscutible desconfianza y alarma" ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones.

No se puede desdeñar la opinión de 2.000 jueces. Los decanos, reunidos en Valencia, reclaman más personal y más medios y proponen, sobretodo, una modernización de la justicia para, descendiendo a lo concreto, evitar que los pequeños deudores queden, como ahora desamparados, para ello proponen una ley de segunda oportunidad; para evitar que un juicio por despido se señale a dos años vista; para resolver de forma rápida los asuntos relacionados con la corrupción.

Y para ello proponen hasta 57 medidas concretas como la regulación de las escuchas; limitar los recursos a las diligencias de mero trámite; la creación de la figura del juez asesor, de un cuerpo de peritos contables y de una policía judicial que dependa directamente de los jueces. Medidas que, insisten, no tienen gran coste económico pero que sacarían a la justicia del ostracismo endémico que padece. Pero eso no puede hacerse, subrayaba Pedro Viguer, el juez decano valenciano, sin un gran pacto político y sin la ayuda del poder legislativo. 

El decano de los jueces de Murcia ha sido muy gráfico: "hemos entendido el mensaje de la ciudadanía. Las leyes deben interpretarse de acuerdo con la realidad social". E insisten para todo lo anterior no hace falta más dinero, sino mejorar la gestión y ponerse, por ejemplo, al mismo nivel que Europa en número de jueces: allí la media es de 21 por cada 100.000 habitantes, aquí, 11.

Los jueces piden una ley de segunda oportunidad para los particulares insolventes

Los jueces decanos de España, cuarenta y siete en todo el territorio, han aprobado en una reunión celebrada en Valencia un informe en el que solicitan la promulgación de una ley de Segunda Oportunidad, una norma que garantice que las personas que han afrontado una situación de insolvencia por culpa de esta crisis no quedan en los que los mismos magistrados denominan muerte civil.

Simple y llanamente, que los particulares que no han podido hacer frente a la hipotecas o a los embargos son expulsados sin piedad del sistema. Los jueces que se han reunido en la capital valenciana solicitan esa ley que permita a estas personas recuperar su futuro. Por cierto, normas similares ya se aplican en varios países de la Unión Europea. Este es el caso de Alemania y Francia o incluso Estados Unidos al otro lado del Atlántico.

Este tipo de legislaciones permiten al insolvente cumplir con la deuda hasta donde pueda para después eliminar los adeudos y permitir a los afectados empezar de nuevo. De cualquier modo, existiría siempre un control judicial del proceso para evitar que se cuelen los que deben.

En esta reunión anual, la numero 24 de toda su historia, los decanos han señalado que es necesario 'introducir en nuestro país un adecuado tratamiento de la insolvencia y el sobreendeudamiento personal y familiar'.

Y van incluso más allá al determinar que si se trata de una empresa las cosas son distintas. La compañía en cuestión acude a un procedimiento concursal y eso le da la oportunidad de comenzar desde cero, pero si el deudor es un particular y no puede pagar es 'condenada al ostracismo civil y mercantil durante el resto de su vida'.

Esta ley tiene como objetivo, por tanto, proporcionar un nuevo marco en la vida del deudor para permitirle incorporarse a la sociedad con todas las garantías .En España en 2011 se presentaron únicamente 900 concursos de personas físicas , mientras que en Francia se dieron 173.000 y en Alemania 105.000 en ese mismo periodo.