El Sindic de Greuges reconoce sus “ ganas de llorar “ ante muchas quejas

Valencia

El síndic de Greuges, José Cholbi, ha reclamado hoy "una apuesta decidida y firme" por parte de las Administraciones públicas para garantizar los derechos sociales a la población, tras constatar cómo la "prolongada" crisis económica pone "en riesgo la cohesión y el bienestar social" de la Comunitat.

Cholbi ha comparecido en la comisión de Peticiones de Les Corts para exponer la memoria de la institución de 2013, durante el que los ciudadanos presentaron un total de 19.134 quejas (un 31 % más que en 2012), referidas principalmente a servicios sociales (el 21,8 %), medio ambiente (18,3 %), sanidad (16 %) y educación (13,5 %).

El síndic, quien ha confesado que hay momentos que "dan ganas de llorar de rabia de no poder solucionar lo que tan justamente piden" colectivos y personas en situación "superdramática", ha resaltado la demora en los pagos de la Generalitat en materia de servicios sociales, que ha afectado a "todos los sectores de la población".

Los obstáculos para acceder a las prestaciones de la ley de Dependencia han ocasionado 1.758 quejas -de las que 399 no han sido aceptadas por la Conselleria de Bienestar Social-, relacionadas con las revisiones del grado de discapacidad, la "excesiva dilación" en la tramitación de expedientes o el incumplimiento "reiterado" en el pago de retroactividad.

Además, Cholbi ha pedido que, "como mínimo", la Conselleria de Hacienda establezca un calendario "razonable" de pago a las familias de las ayudas, becas y subvenciones escolares, dado el retraso "excesivamente tardío" en su abono, de hasta dos años, que las hace "ineficaces" e imposibilita la igualdad efectiva en la educación.

También ha instado al pago inmediato de las ayudas que la Generalitat debe en materia de vivienda, y ha alertado de la "dinámica peligrosa" que supone el hecho de que "cada día resulte más difícil" acceder a una vivienda digna, mientras muchas personas que la tienen la pierden por desahucios o ejecuciones hipotecarias.

Cholbi ha reclamado el mantenimiento de los recursos a las víctimas de la violencia de género, la creación de unidades de salud mental infantil y adolescente y la eliminación de las aulas prefabricadas, y ha destacado el esfuerzo económico de Diputaciones y Ayuntamientos para mantener el servicio de teleasistencia.

En materia lingüística, ha pedido a las instituciones medidas para que la cooficialidad lingüística sea "real" y ha señalado que constituye una "extralimitación no justificada" atender exclusivamente en castellano a una persona que ha pedido atención en valenciano.

La oposición le ha pedido opinión sobre la decisión del Consell de reintroducir el copago de servicios sociales mediante una enmienda a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos, ante lo que ha afirmado que seguirá recomendado que se tenga en cuenta la situación personal de cada discapacitado y que ninguno se quede sin ayuda, y que los mayores tengan recursos para una vida digna.

Además, a propuesta de la oposición, ha anunciado la apertura de investigaciones de oficio sobre la situación de centro de acogida de mujeres víctimas de la violencia del barrio de Campanar de Valencia, y sobre la violencia que sufre el colectivo LGTBI en todos los ámbitos.

Cholbi ha desvelado también que se ha ofrecido como institución independiente para velar por el cumplimiento de la futura ley valenciana de transparencia y resolver las reclamaciones que se puedan presentar, con el fin de evitar el gasto "innecesario" y la duplicidad que supondría crear un nuevo organismo.

La socialista Clara Tirado ha afirmado que este informe es "la memoria escrita del mapa de la pobreza" de la Comunitat debido a las políticas del PP, que, con "la excusa de la crisis, se ha cebado en los más débiles", con recortes y copagos, y cuyos derechos son defendidos por la Sindicatura.

Fran Ferri (Compromís) ha indicado que este informe evidencia una "situación clara de vulneración de los derechos" ciudadanos, como los impagos que convierten en "inútiles" las ayudas para los que más lo necesitan, y Esther López (Esquerra Unida) ha lamentado que "no son aceptadas" las recomendaciones del síndic por las Consellerias.