El PSOE pide al juez que archive la “causa general” del tranvía de Parla
Aporta documentación solicitando el “inmediato archivo” de las actuaciones por entender que proceden de una “traslación mecánica de informes interesados”
Madrid
El PSOE ha solicitado al juez que investiga el proyecto del tranvía de Parla que dicte el archivo y libre sobreseimiento de lo que define como una “causa general”, aportando abundante documentación que, según explican en un escrito al que ha tenido acceso la SER, demuestra que todo el proyecto se gestionó de forma legal, y bajo la tutela y vigilancia del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Los dardos del escrito ya presentado por el PSOE en el juzgado de instrucción nº 5 de Parla se dirigen contra la Cámara de Cuentas de Madrid y su informe, que fue el que la Fiscalía presentó ante la justicia para dar origen a la investigación. Entienden que este informe, que fiscalizó las operaciones del Ayuntamiento de Parla del año 2010, habló de unas irregularidades presupuestarias en el proyecto, relativas a las ampliaciones de capital, que en realidad fueron gestionadas con arreglo a la ley, atribuyendo esta investigación a la “traslación mecánica de informes interesados”.
Y es en este punto donde los socialistas ponen sobre la mesa una “campaña política” que habría orquestado el Partido Popular madrileño a través de este proceso: hablan de una “estrategia” montada por los conservadores en torno a un informe de la Cámara de Cuentas “presidida por un veterano, beligerante y fiel servidor militante del Partido Popular”, a quien acusan de marcar la hoja de ruta y de maniobrar “con información parcial y falsa para obtener el resultado pretendido”. Explican que el presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, fue viceconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid.
“Todo se hizo correctamente”
A lo largo del texto al que ha tenido acceso la SER, los socialistas también apuntan a que el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid fue parte activa durante el desarrollo del proyecto del tranvía, el órgano de contratación del concurso, y que supervisaron todo el proceso sin que en ningún momento informaran de ninguna irregularidad: “El Consorcio de Transportes a través de su asistencia técnica tuvo información y control diario de todas, de todas, absolutamente todas las unidades de obra tanto en sus aspectos materiales como cuantitativos, y sencillamente no hizo nada porque todo se hizo correctamente”, añadiendo el escrito que “todo estuvo bien hecho”.
Añade a este argumento el hecho de que el Consorcio pagase más de un millón de euros a una entidad (EUROCONSULT SA) para que velase por “la buena marcha y el correcto desarrollo de las obras en sus aspectos técnicos, administrativos, económicos y temporales”. Algo que según explica deja probado “el total y absoluto control que el Consorcio tuvo sobre todo el proyecto desde el primer día hasta el último”, destacando también que el proyecto se financió a través de un crédito del BNP Paribas, por lo que “cuesta mucho pensar que si hubiera habido alguna irregularidad administrativa y mucho menos penal, tampoco nadie de los que ponían la financiación lo hubiera advertido”.
Los socialistas recuerdan también, en relación con los sobrecostes del proyecto, que aunque la adjudicación se hizo por 93,5 millones de euros, el Consorcio de Transportes había fijado 125 millones como el presupuesto base de licitación.
Archivada la querella contra Tomás Gómez
El tranvía de Parla y sus ampliaciones de presupuesto es un asunto que lleva varios años dando vueltas por los tribunales: fue el pasado mes de enero cuando el Tribunal Supremo decidió archivar la denuncia que el PP de Parla presentó contra Tomás Gómez, exalcalde de la localidad, por estos hechos, al entender que nada podía reprocharse al líder del PSM en todo este asunto. Los ‘populares’ le acusaban de adjudicar estas obras “a dedo”, y sin entrar a valorar el fondo del asunto afirmaron que “no es atribuible responsabilidad ninguna al aforado”, ya que en los plenos denunciados por el PP parleño o bien Gómez había sido sustituido por el teniente de alcalde o bien ya no estaba al frente del consistorio.
Denunciaba el PP ante el Supremo un “pufo” de 42 millones de euros, según explicaron, presupuestados y que se licitaron y otorgaron sin concurso.
