El Supremo analizará si se compensa la construcción ilegal de 263 pisos

Valladolid

El Tribunal Supremo deberá pronunciarse, por segunda vez, sobre el “caso Ebro”. Cuatro años después de declarar ilegal el convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid y la compañía Ebro –por el que se permitió la construcción del edificio frente a Vallsur-, el Alto Tribunal analizará si las promotoras inmobiliarias deben compensar a la ciudad por los beneficios conseguidos al construir 263 viviendas más de las previstas.

Ante la indefinición y pasividad del gobierno municipal de Javier León de la Riva, la Asociación Cultural Ciudad Sostenible decidió presentar el recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como requisito para acudir en casación al Supremo.

“No entendemos cómo el Ayuntamiento no agota la vía del Supremo para pedir las compensaciones a la ciudad y, sin embargo, santifique el pelotazo urbanístico”, explicó en la SER la presidenta de la ACCS, Susana Ordóñez. “No se puede quedar la ciudad sin compensaciones cuando las empresas han logrado un beneficio ilícito y las mismas promotoras han admitido en un acuerdo la necesidad de aportar una contraprestación”, añadió la presidenta de este colectivo que trabaja por el “interés general” y un enfoque sostenible en el urbanismo, patrimonio y arquitectura.

El recurso se presenta contra el auto del TSJCyL que da por “cumplida” la sentencia que declaraba la nulidad de la modificación del PGOU por la que se trasladaba la edificabilidad de la Azucarera Santa Victoria a la parcela situada en la antigua fábrica de piensos Cia, lo que permitió la construcción de un complejo residencial de 423 viviendas, prácticamente la mitad ilegales.

El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Saravia, también mostró su extrañeza ante la “dejadez” del alcalde y la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, a quienes atribuyó una actitud “indolente, perezosa y conformista” porque implica una renuncia a las compensaciones legalmente establecidas.

Ampliar

Las promotoras inmobiliarias rubricaron antes del verano un acuerdo con la Concejalía de Urbanismo y Angel Velasco (portavoz del Grupo Municipal Socialista cuando se firmó el convenio, en 2002) por el que se comprometían a reservar 60 viviendas y un espacio para plazas de garaje en la Ciudad de la Comunicación, a expensas de los cambios urbanísticos y la edificación del inmueble.

El Tribunal Superior de Justicia hace caso omiso de este acuerdo y estima que la sentencia está “cumplida” porque es de carácter “declarante”; es decir, que los magistrados interpretan que se ejecuta simplemente con la publicación de la nulidad, aunque hay un voto particular que abre otra posibilidad.

Javier Izquierdo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, también reprochó el comportamiento del alcalde y recordó que la anulación urbanística se produjo porque, además del traslado de la edificabilidad y otros acuerdos favorables a la empresa, Javier León de la Riva no se abstuvo en los acuerdos, a pesar de que era también miembro del consejo de administración de Ebro. El alcalde era consejero en representación de Caja Duero, entidad de ahorro de la que llegó a ser vicepresidente.