En dos años los servicios sociales se podrán exigir por ley en Euskadi

Vitoria

Seis años después de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, el Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y Eudel, la Asociación de Municipios vascos, han suscrito un acuerdo que define la Cartera de Prestaciones y Servicios sociales que tendrán carácter de derecho subjetivo, es decir, se podrán exigir por ley y no estarán sujetos a disponibilidad presupuestarias a partir del 26 de diciembre de 2016.

El documento concreta un amplio catálogo de servicios, en función de criterios geográficos y de población, e incluye una memoria económica que estima en 1.101 millones de euros el coste real que estas prestaciones supondrán al conjunto de las administraciones vascas en 2017, cuando entre en vigor le catálogo.

En este sentido, se ha acordado la creación de un fondo extraordinario de 10 millones de euros para 2016 que se duplicará a partir de 2017 "de manera indefinida" para que diputaciones y municipios puedan garantizar la atención. A modo de ejemplo, la previsión es que será necesario crear unas 2.000 plazas de residencia para mayores, discapacitados, centros de día o alojamientos más que las que existían en 2011.

La Cartera enumera cuáles son las que tienen derecho los ciudadanos y en qué condiciones, si están exentas o sujetas a copago o el número de plazas en función del ámbito geográfico. El catálogo incluye servicios residenciales teleasistencia, servicios de respiro, mediación familiar o ayudas varias como las que reciben mujeres víctimas de la violencia machista o para el cuidado en el entorno familiar.

El consejero vasco de Políticas Sociales, Juan María Aburto y los responsables de área de las tres diputaciones y Eudel han mostrado su “emoción” por haber logrado este acuerdo. “La capacidad de acordar y comunicar a la ciudadanía que frente a la confrontación que a veces trasladamos, esta foto de la colaboración, a mí me gusta más” ha destacado Aburto.