El Ayuntamiento adjudicó 133 contratos al empresario que llamó a Porras para evitar que la grúa se llevara su coche

Málaga

El grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Málaga pedirá explicaciones sobre la gestión de la grúa municipal en la Comisión de Transparencia del próximo 4 de febrero, la primera de este 2015. Exige conocer los resultados de la investigación interna anunciada en SMASSA, la sociedad municipal de aparcamientos, a raíz de la controversia suscitada por un empresario que llamó a la concejala Teresa Porras a su móvil para tratar de evitar que la grúa se llevara su coche de calle Guerrita, en el polígono de San Rafael, el pasado mes de noviembre.

IU quiere conocer los pormenores de la información reservada llevada a cabo en torno a este caso sobre todo después de trascender que el ayuntamiento de Málaga ha adjudicado desde 2008 un total de 133 contratos menores, es decir, de forma directa, por una cuantía de 741.093,77 euros al empresario de Gráficas Urania que protagonizó la llamada a la concejala Porras. Si a esto se le suman los dos contratos adjudicados por procedimiento negociado desde esa fecha, el coste total asciende a 781.607,27 euros, según la información dada por el equipo de gobierno del PP ante las preguntas de la coalición de izquierdas. Son datos hasta el pasado 30 noviembre.

A tenor de ese listado, es habitual contratarle para la impresión de publicidad, carteles o material diverso relacionado con la Feria de Málaga, la Noche en blanco, Navidad o Reyes, así como folletos para la Alcazaba o el Castillo de Gibralfaro.

El portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, exige explicaciones: “Creemos que ese dato acerca de los contratos de ese empresario con el ayuntamiento es muy relevante a la hora de saber qué pasó y queremos que se nos aclaren todos los datos al respecto”.

Por su parte, la concejala Teresa Porras rechaza cualquier vinculación entre la llamada que recibió de ese empresario y los contratos menores adjudicados. Insiste en que al final pagó las multas pertinentes: “No tiene nada que ver una cosa con la otra, lo único que hice fue atender a un ciudadano por teléfono y mandar a la autoridad competentes, que era la policía”.

El comité de empresa de SMASSA anunció que el equipo de gobierno había abierto una segunda investigación interna tras las denuncias de los trabajadores de la existencia de un supuesto mapa de calles vetadas a la grúa, en las que se les decía a los operarios que no retiraran coches, zona cercanas edificios municipales, como las juntas de distrito o las comisarías de policía local. A esto se suma otros dos casos polémicos: el del director del distrito Centro, que obligó a la grúa a devolverle el coche sin pagar la multa argumentando que había olvidado por “un despiste” poner la tarjeta identificativa para estacionar en ese lugar, y el caso del propio gerente de SMASSA, al que la grúa le devolvió el vehículo tras habérselo llevado poco antes con la autorización de la policía local cuando estaba estacionado sin autorización en una zona reservada a vehículos oficiales a las espaldas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según denunció en su día el sindicato CSIF. El servicio de la grúa fue anulado, aunque el gerente quiere dejar claro que acabó pagando tanto la multa como la tasa de desenganche pertinente.