Alaya decreta el secreto parcial de las actuaciones en los cursos de formación

Sevilla

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el supuesto fraude en los cursos de formación de la Junta, ha decretado el secreto parcial de las actuaciones. Alaya entiende que la medida es "proporcional con la gravedad de los hechos" que está investigando la Guardia Civil. Al mimo tiempo, la magistrada concede diez días a diferentes entidades bancarias para que identifiquen las cuentas bancarias y los movimientos de la desaparecida Fundación para la Formación y el Empleo, Faffe, y  las demás empresas que han recibido subvenciones para los extrabajadores de Delphi. Quiere comprobar si el destino del dinero "era el legalmente previsto". 

Mercedes Alaya preguntó al testigo protegido, Teodoro Montes, si la Faffe ha bía financiado al PSOE. Él no tuvo respuesta.

Dice Alaya que la única fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo y casi todas ellas tienen irregularidades en su justificación. La Faffe, según la magistrada, ha sido un intrumento de la consejería de empleo con varios miles de trabajadores que cobraron sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la administración y que pasaron a ser empleados públicos cuando se disolvió .

Se trata de un auto en el que también anuncia las líneas de investigación que se van a seguir. A saber, las subvenciones otorgadas para la recolocación de los extrabajadores de Delphi, el fraude en los consorcios que recibieron dinero y los entramados empresariales.

La jueza  ha tenido en cuenta las declaraciones ante el juzgado y la Guardia Civil del testigo protegido Teodoro Montes, anterior responsable de formación ocupacional de la Junta, y las declaraciones en sede policial de funcionarios de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo.

 También ha usado la documentación de la dirección general y de la Intervención General sobre los expedientes de reintegros de ayudas a la formación concedidas así como el informe de la Cámara de Cuentas de mayo de 2014 que mencionaba presuntas irregularidades con las "importantes subvenciones" concedidas a empresas y fundaciones.

 La magistrada cita un informe de la Cámara de Cuentas publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 25 de abril de 2013 en el que se pone de manifiesto que el procedimiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conceder las ayudas a los consorcios "incumplía todas las condiciones y requisitos que contiene la fase de instrucción".

Además menciona la declaración ante la Guardia Civil del  director general de Formación nombrado en octubre de 2013, Carlos Cañavate.  Contó que cuando tomó posesión del cargo había 950 millones de euros sin justificar en subvenciones para acciones formativas.