Alaya imputa otro delito al exconsejero Fernández

La jueza Mercedes Alaya ha ampliado la imputación en el caso de los ERE a Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo, por un supuesto delito continuado de cohecho y lo cita a declarar el tres de marzo. La magistrada asegura que tanto él como el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y sus entornos familiares pudieran haber recibido dádivas o regalos por la intermediación y concesión de subvenciones. La magistrada hace estas afirmaciones basándose en los informes policiales sobre la situación patrimonial de estos exaltos cargos de la Junta, que no se han entregado a las partes.

La jueza concluye que en siete años, mientras fue viceconsejero y consejero, compró cuatro viviendas y dos garajes con trastero; cuatro de esas propiedades en 2008. Según Alaya, Fernández y sus dos hijos recibieron 602.806 euros de origen desconocido a través del abono en cuentas bancarias "o bien utilizado para la compra de inmuebles".

Con respecto a Antonio Rivas, la magistrada informa de que uno de sus hijos estuvo contratado en Heineken entre 2005 y 2010 y cobró 182.000 euros sin contar con estudios universitarios. Heineken recibió una ayuda sociolaboral de la Junta de 16 millones de euros. Este joven compró dos inmuebles en 2013. La jueza, además, pide a la Guardia Civil que investigue los pagos de la hipoteca de otros hijos de Rivas.