El Supremo ordena una investigación concreta sobre Gaspar Zarrías y Mar Moreno
Una investigación centrada en conocer los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia en relación con la concesión de las subvenciones y ayudas que se dieron con cargo a la partida de los ERE, la 31L
Sevilla
El juez instructor del caso de los ERE en el Supremo ordena a la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil una investigación concreta sobre Gaspar Zarrías y Mar Moreno, exconsejeros de presidencia. Una investigación centrada en conocer los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia en relación con la concesión de las subvenciones y ayudas directas a empresas o personas que se dieron con cargo a la partida de los ERE, la 31L, entre 2002 y 2012. La jueza Alaya, cuando elevó la causa al Supremo, no concretó nada al respecto y el informe de la Intervención General del Estado tampoco mencionó los actos en los que pudieran estar implicados estos exconsejeros.
El magistrado Jorge Barreiro quiere saber qué resoluciones dictaron Mar Moreno y Gaspar Zarrías, los actos en los que intervinieron y las actuaciones a las que aparecen directamente vinculados que tuvieran repercusión en el supuesto menoscabo de dinero público, que se investiga en el caso de los ERE. Alaya sí investigó el supuesto tráfico de influencias que pudiera haber tenido Zarrías con respecto a la concesión de determinadas subvenciones y ayudas directas.
Mar Moreno y Gaspar Zarrías son dos de los cinco aforados nacionales que están imputados, según dijo el Supremo, en el caso de los ERE. También lo están los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el diputado y exsecretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera.
Dentro de una semana la jueza Alaya tomará declaración a los peritos de la Intervención General del Estado que elaboraron un informe pericial, que es la base para las acusaciones.
Los cuatro peritos concluyeron que los exconsejeros de Economía, Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo no adoptaron "las medidas necesarias para evitar las irregularidades". También destacan en su informe la "inadecuada" e "improcedente" utilización de las transferencias de financiación para la concesión de las subvenciones. Dinero, afirman, que se otorgó con absoluta ausencia de procedimiento legal para la concesión de las subvenciones; y eso impidió la fiscalización previa del dinero por el interventor delegado en la Consejería de Empleo.
Los expertos señalan que no consta que entre los años 2000 y 2009 el consejero de Economía "haya dado cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados contenidos en los informes emitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) que, por su interés y repercusión deben ser destacados, según lo dispuesto en los artículos 52, tres y 57, tres, del decreto 149/1988, por el que se aprueba el reglamento de Intervención".
El documento, entregado en diciembre de 2013 a Mercedes Alaya, afirma que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que ya está imputado en la causa, debió haber emitido el correspondiente informe de actuación, que hubiera paralizado el pago de las ayudas. "La Intervención General de la Junta puso de manifiesto que el IFA/IDEA participaba, como entidad colaboradora, en un sistema irregular de gestión de subvenciones mediante el pago de las ayudas. Por ello, en nuestra opinión, era de aplicación la obligatoriedad legal de la IGJA de emitir el correspondiente informe de actuación", dado que las actuaciones del IFA-IDEA como pagador "pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".
Los peritos aseguran que la transferencia de financiación "no era la partida adecuada" para la concesión de subvenciones, que debían entregarse de acuerdo con la Ley de Subvenciones. Por eso creen que "no parece razonable" que la Intervención General de la Junta emitiera un informe favorable a las distintas modificaciones presupuestarias que aumentaron la partida año tras año.
El informe concluye que el sistema ideado generó un déficit de financiación de las ayudas del programa 31L que asciende a millones de euros: 30,2 en el 2002; 38,2 en 2003; 93,6 en 2004; 95 en 2006; 40,6 en 2007; 33,2 en 2008; 10,5 en 2009 y 29,2 en 2010.
Por último, el informe señala que el Parlamento de Andalucía, al aprobar la partida de las transferencias, "actuó con respeto a la legalidad vigente" y que el legislador "no pretendió que, a través del uso de las transferencias, se vulneraran las normas de concesión de subvenciones y de fiscalización de las mismas contenidas en el ordenamiento jurídico".
