La ILP contra el 'fracking' podría retrasarse más en el Parlamento

Vitoria

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del fracking que se tramita en el Parlamento vasco podría sufrir nuevos retrasos. Según ha podido saber la Cadena SER, el PNV ha solicitado suspender el periodo de enmiendas que está en vigor para iniciar una ronda de comparecencias antes de que los partidos políticos se vean obligados a posicionarse sobre el fracking en Euskadi.

La ILP reclama la prohibición de la fracturación hidráulica, una técnica de obtención de gas muy polémica por sus efectos ambientales y en la salud que, según sus detractores, son irreversibles. 

Los partidos tienen hasta el 24 de febrero para presentar sus enmiendas a la ley, después de que se ampliara el plazo a petición de PP y UPyD, pero, de salir adelante la propuesta del PNV, esa fecha quedaría suspendida para dar paso a las comparecencias que propongan los partidos.

La propuesta se abordará en la mesa del Parlamento.

EH Bildu -que preside la comisión en la que se tramita la ley- considera que es una estratagema del PNV para dilatar los plazos y evitar que el debate entre los partidos se celebre antes de las elecciones municipales y forales de mayo. Los jeltzales se enfrentan a una fuerte oposición al fracking en algunos de sus feudos electorales en Álava.

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De hecho, en los últimos comicios autonómicos, Urkullu tuvo que pronunciarse públicamente contra el fracking tras una manifestación multitudinaria por las calles de Vitoria. En todo caso, el Gobierno vasco, junto a dos empresas norteamericanas, mantiene sus proyectos para abrir varios pozos de fracking en Álava.

Fuentes del PNV sostienen, por su parte, que EH Bildu está intentando acelerar al máximo el debate por motivos políticos. En un escrito del mes de enero, el PNV ya defendía que, "dada la singularidad del problema de constitucionalidad" respecto a otras leyes autonómicas contra el fracking, lo idóneo sería escuchar a expertos para "poder ofrecer un horizonte más despejado en el trámite de enmiendas".

Durante la tramitación de la norma que proponían las Juntas Generales de Álava para vetar el fracking en los espacios naturales protegidos, ningún partido reclamó comparecencias.