"Cuando no hay argumentos jurídicos, se trata de desacreditar a la juez"

Bilbao

Es el argumento que esgrimen diversos magistrados y al que pone voz el coordinador de Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenece la jueza titular del Juzgado número 6 de lo Contencioso Administrativo de Bilbao. Mantiene que si la Diputación o el Ayuntamiento de Galdakao hubieran tenido argumentos jurídicos para recurrir su decisión, las medidas cautelares adoptadas, lo hubieran hecho. A su juicio, que se haga público que es vecina del municipio de Etxebarri no es más que "una forma de desacreditar a la persona".

Recuerda Rodríguez que esta magistrada, que no deberá resolver sobre el fondo de la cuestión, es una "conocida por las Administraciones" porque el año pasado reconoció a miles de funcionarios su derecho a días de antigüedad como vacaciones retribuidas, porque, además, en siete de cada 10 procedimientos interpuestos por los sindicatos de la Ertzaintza ha dado la razón a las centrales y porque, entre otros asuntos, ha puesto en cuestión la Ley de Universidades. De ahí que añada que "las campañas de difamación existen desde hace mucho tiempo y tampoco en Euskadi es la primera vez que sucede". A partir de aquí, fuentes judiciales insisten en que la circunstancia de la vecindad administrativa de la magistrada no la exhime como "competente" y tiene "jurisdicción" para resolver sobre medidas cautelares. Edmundo Rodriguez lo acompaña diciendo que "salvo que las partes entiendan que hay alguna razón que impida a la juez obrar con imparcialidad, la juez no tiene por qué apreciarlo si en el caso concreto entiende que no le influye en absoluto". Si todos los jueces, insiste, se abstuvieran de intervenir en aquellos asuntos que se dilucidan en el Ayuntamiento en el que viven "seguramente tendríamos un auténtico problema", así que "no habiendo interés de la juez en el asunto y no habiendo utilizado las partes ninguna de las fórmulas de recusación que recoge la ley, se ha actuado correctamente".

Acciones posibles

Fuentes judiciales señalan a Radio Bilbao que una vez tomada la decisión sobre las medidas cautelares, y con el caso ya en manos de otro juzgado, no cabe la recusación. La opción posible sería recurrir su decisión o bien ante quien ahora instruye el caso o ya ante la Sala de lo Contencioso. La jueza, por su parte, podría solicitar medidas de protección, solicitando amparo al Consejo, en el Tribunal Superior de Justicia. El asunto, previsiblemente, se abordará este viernes en Sala de Gobierno.