Edificio bajo sospecha

Valladolid

El juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, ha ordenado la investigación de las cuentas personales de Rafael Delgado Núñez; número dos de la consejería de economía durante 8 años (Julio de 2003 a Julio de 2011).

Es la nueva diligencia judicial del titular del juzgado número 2, César Gil Margareto, en la investigación que desarrolla para aclarar las presuntas irregularidades en la compra del edificio que alberga en la actualidad la sede de la agencia de desarrollo de la Junta de Castilla y León, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.

Un edificio que la Junta compró por 52 millones de euros más otros 8 de iva, es decir, 60 millones de euros, a la empresa Urban Proyecta PM3. Un precio muy superior al de mercado. De hecho la consejería de hacienda valoró en su momento en 40 millones de euros el inmueble. Es decir, terminó pagándose 12 millones de euros más que lo estimado por la propia junta.

Según ha sabido la CADENA SER, el juzgado ha solicitado a la agencia tributaria, un informe sobre las cuentas y el patrimonio de varias personas que estarían directamente relacionadas, no solo, con la operación de compra venta del citado edificio, sino también con la adquisición de terrenos en el polígono de Portillo, en Valladolid, por valor de 35 millones de euros, pagados por la misma empresa pública Ade Parques.

Entre las 13 personas a las que se va a investigar, aparece el que fuera número dos de la consejería de economía, Rafael Delgado Nuñez, que ocupó distintos puestos de responsabilidad en la consejería de economía entre julio de 2003 y julio de 2011, su firma es la que aparece en el documento de compra del edificio de Arroyo.  

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El juzgado va a interesarse por el patrimonio acumulado por estas 13 personas, durante el periodo comprendido entre 2005 y 2014. El propósito es conocer si hubo enriquecimiento ilícito por parte de alguno de ellos. El juzgado quiere conocer también la naturaleza de las operaciones realizadas tanto en la construcción del edificio de Arroyo como en la compra de terrenos en Portillo por parte de empresas que participaron en ambas operaciones.

Un informe del grupo de delincuencia económica, de la Policía, al que ha tenido acceso la CADENA SER, recoge textualmente “que se aprecia una vulneración flagrante y reiterada de las normas de procedimiento desde el punto de vista administrativo en lo concerniente al edificio de arroyo, actual sede de la agencia de desarrollo económico”.