La Fiscalía pide que Alaya asuma la causa de los aforados andaluces cuando pierdan esta condición
La decisión final deberá adoptarla el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que recibió las actuaciones hace casi un mes.
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/NGNQKYBUGRIQFF2ISRB55YCZEY.jpg)
GRA250. SEVILLA, 25/02/2015.- La juez Mercedes Alaya a su llegada hoy al Juzgado nº 6 de Sevilla, donde ha citado a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen el informe en el que criticaban el sistema de concesión de los ERE y que es clave para la acusación contra los imputados. EFE/Julio Muñoz / Julio Muñoz EFE
Sevilla
La Fiscalía Superior de Andalucía entiende que el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, el de Mercedes Alaya, es el competente para investigar a los parlamentarios andaluces señalados en el caso de los ERE. Siguiendo la jurisprudencia del Supremo y teniendo en cuenta razones de economía procesal, debe ser Alaya quien investigue su participación en el supuesto fraude, dice el fiscal, dado que perderán el fuero a mediados de abril cuando se constituya el nuevo parlamento andaluz.
La decisión final deberá adoptarla el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que recibió las actuaciones hace casi un mes. Los parlamentarios señalados son Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, todos fueron consejeros de distintos gobiernos andaluces. Dice el fiscal que estas personas, citadas en la exposición razonada, que Alaya envió al Tribunal Superior "no han sido ni siquiera imputadas".
El dictamen de la Fiscalía pide que el caso de divida en piezas, como tiene dicho Anticorrupción. El fiscal sugiere, también, que si el TSJA decide aceptar la competencia para estos aforados andaluces el resto de la causa debe volver al juzgado sevillano. La jueza Alaya remitió el procedimiento completo al Tribunal Superior porque defiende que se trata de una causa inescindible.
"La necesidad de formación de estas piezas separadas de enjuiciamiento se deduce de una lectura lógica de los hechos", argumenta el dictamen. Habría que hacer piezas separadas por cada expediente de ayuda socio laboral o ayuda directa a empresa, pieza separada sobre el pago y destino de las sobrecomisiones que la Junta pagó a las consultoras y una pieza sobre el "procedimiento específico" con el que se pagaban las ayudas.
El caso de los ERE se abrió el 19 de enero de 2011 y mantiene imputadas a 264 personas. Mercedes Alaya investiga si el "sistema ideado" por la Junta para pagar ayudas socio laborales y ayudas directas a empresas o particulares eran legales, ya que eran subvenciones, que según la magistrada, se pagaron al margen de la Ley de Subvenciones, de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía y al margen de la legislación europea.
