Madrid asegura que la ILP contra el 'fracking' “fomenta la alarma social”
El Ministerio de Industria alerta sobre su inconstitucionalidad y asegura que se basa “en argumentos poco sólidos y sesgados” que presuponen unos “efectos dañinos” cuestionables
Activistas de Fracking Ez Araba trasladan en cajas al Parlamento vasco 100.000 firmas en apoyo de la ILP / EFE
Vitoria
El Gobierno central ha remitido al Parlamento vasco un escrito en el que "informa negativamente” sobre la Iniciativa Legislativa Popular para prohibir el fracking en Euskadi porque “vulnera el reparto competencial establecido en la Constitución e invade competencias de la Administración General del Estado, realiza una prohibición genérica de una actividad, carece de motivación suficiente y no define adecuadamente la técnica que se pretende prohibir”.
El documento, adelantado por Gara y que firma la directora general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria y Energía, sostiene que “la aprobación de dicha propuesta puede tener efectos perniciosos”.
Según destaca el informe “su motivación se basa en argumentos poco sólidos y, en ocasiones, sesgados, que presuponen unos efectos dañinos sobre el medioambiente sobre los que no existe consenso científico” y, en su opinión, “plasmar dichos argumentos en una ley” implica “fomentar la alarma social”.
Defiende además que “deben evitarse las prohibiciones genéricas innecesarias” y pone como ejemplo que “de la misma manera que no se prohíbe a priori la construcción de una central nuclear o un aeropuerto, no se justifica a priori la prohibición de la fracturación hidráulica”.
“Es inadmisible una prohibición categórica como la presente que no permite valorar caso a caso el necesario equilibrio entre el interés extractivo y el ambiental” asegura el informe, que sugiere la posibilidad de que “se haya vulnerado el artículo 130.1 de la Constitución y la jurisprudencia que lo interpreta que proscriben la prohibición genérica de las actividades extractivas”.
A lo largo de 10 hojas, la autora esgrime varios artículos de la Constitución, el Estatuto y ley de Hidrocarburos para desautorizar la ILP. De esta forma, recuerda que corresponde al Estado otorgar las concesiones sea cual sea el territorio explotado y por lo tanto, la ILP “afecta directamente a todas aquellas autorizaciones de investigación, exploración y explotación en lo que a todas luces parece una extralimitación competencial e invasión de las competencias del Estado”.
Asimismo, critica que la ILP haya omitido en su exposición de motivos varias “resoluciones relevantes” del Parlamento y la Comisión Europea en las que se pone en valor “los grandes beneficios potenciales de la producción del gas y el petróleo de esquisto” y se anima a "desarrollar recursos energéticos autóctonos para garantizar la seguridad del abastecimiento".
Finalmente, la redactora llama la atención sobre el hecho de que la ILP vasca resulte “sustancialmente coincidente en su literalidad” con las ley aprobadas en Navarra, Cantabria y La Rioja que han sido declaradas inconstitucionales y nulas por sentencias del Tribunal Constitucional.
El informe constata que en la CAV existen 18 permisos de investigación de hidrocarburos, tanto de titularidad estatal como autonómica, vigentes o en trámite “susceptibles de verse afectados por esta propuesta”.
