Un juzgado investiga contratos de la cooperativa del hermano de Tania Sánchez
El juzgado nº 6 de Arganda del Rey admite a trámite la querella que el PP de Rivas presentó contra Sánchez y pide documentación a este consistorio sobre los contratos de la cooperativa Aúpa
Madrid
El juzgado de instrucción nº 6 de Arganda del Rey ha decidido admitir a trámite la querella que el Partido Popular de Rivas interpuso contra la exdiputada de Izquierda Unida, Tania Sánchez, y el alcalde Pedro del Cura, además del padre de Sánchez y su propio hermano, por los contratos concedidos a la cooperativa 'Aúpa', de la que formaba parte el hermano de Tania Sánchez.
En su auto, la magistrada entiende que los hechos podrían constituir delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias y sin imputar a nadie ni llamar a declarar a los querellados, pide información al Ayuntamiento: los expedientes completos de los contratos, de las adjudicaciones que puedan no figurar en la querella, la documentación sobre la supervisión de esos contratos y también los expedientes sobre las demandas que dos querelladas interpusieron contra el Ayuntamiento de Rivas en los juzgados de lo social. Además, también pide a los registros de cooperativas y asociaciones la información que tengan sobre la cooperativa 'Aúpa', en la que figura el hermano de Tania Sánchez, y de la asociación cultural 'Pecados Capitales'.
El consistorio y los registros tienen diez días para entregar esta documentación. Se trata de una decisión recurrible en reforma en el plazo de tres días.
De esta manera, el juzgado abre una investigación sobre estos contratos, que sumarían en total más de un millón de euros, a raíz de la querella presentada por el Partido Popular de la localidad de Rivas. Todo esto después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se negase a hacerse cargo del asunto al perder su aforamiento Tania Sánchez tras renunciar a su acta de diputada regional por IU. En su querella, el PP apuntaba a posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
La comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Rivas sobre estos contratos se cerró con la exigencia de "responsabilidades" a Sánchez, con el voto contrario de PP y PSOE, que exigían que esas responsabilidades fuesen políticas.
