La Guardia Civil detiene a los delegados de Empleo de Huelva y Sevilla
Pasan a disposición judicial los primeros detenidos. La jueza Alaya le imputa a María Jose Lara los supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones
Por orden de la Jueza Alaya por el presunto fraude en cursos de formación / cadena ser
Sevilla
Operación Barrado, operación dirigida por la jueza Alaya sobre el supuesto fraude en la formación. Hay 16 exaltos cargos de la Junta detenidos, cinco personas citadas a declarar como imputadas y dos registros en la provincia de Málaga.
La Guardia Civil ha detenido a los dos últimos delegados de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas y Aurora Cosano, que ha sido cesada esta mañana; también al que hasta hoy era delegado de empleo en Huelva, Eduardo Muñoz; y a los exdelegados de Empleo en Málaga, en Córdoba, en Cádiz, en Almería, en Jaén y en Granada. La exdelegada de Empleo en Granada ocupa actualmente el cargo de directora de la Fundación Pública andaluza del Legado Andalusí.
También han sido detenidos cuatro ex directores Generales, Teresa Florido, María José Lara, Manuel Brenes y Andrés Sánchez.
Detenida también la directora gerente del Consorcio Andaluz de Formación de Mijas y su antecesor en el cargo. Y la que fue directora del Consorcio Andaluz de Formación de Almonte, conocido como Formades.
Ya han pasado a disposición judicial ocho de los detenidos. La primera ha sido María Jose Lara, que se ha acogido a su derecho a no declarar. La jueza Alaya le ha imputado los supuestos delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. La siguiente será Francisca Pérez, delegada de Empleo de Almería.
Esta macrocausa, del supuesto fraude en los cursos de formación, tiene varias líneas de investigación. A saber, las subvenciones otorgadas por la Dirección General de Formación, dependiente de la Consejería de Empleo, para la recolocación de los extrabajadores de Delphi, el fraude en los consorcios escuela que recibieron dinero y los entramados empresariales, como el del exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda.
Ojeda recibió 33 millones de euros en subvenciones para la formación y supuestamente desvió distintas partidas para otros fines. Cuatro de esos millones supuestamente se los otorgó su cuñada, la detenida Teresa Florido.
Según la investigación, Ojeda consiguió el dinero gracias a sus influencias y contactos en la Junta. Ojeda creó sociedades para pedir subvenciones que luego gestionaban otras empresas también suyas. Supuestamente subcontrataba los cursos de formación aunque no estaba permitido hacerlo en la resolución de la concesión de la ayuda. Y esa subcontratación le permitía canalizar y distribuir los fondos obtenidos para ocultar supuestamente el verdadero destino final del dinero.
La magistrada decretó en enero el secreto parcial de las actuaciones que amplió en febrero. Solicitó documentación a diferentes entidades bancarias para que identificaran las cuentas bancarias y los movimientos de la desaparecida Fundación para la Formación y el Empleo, Faffe, y las demás empresas que han recibido subvenciones para los extrabajadores de Delphi. Quiere comprobar si el destino del dinero "era el legalmente previsto". La multinacional de la automoción cerró en 2007 y dejó en la calle a casi 2.000 trabajadores.
Mercedes Alaya preguntó al testigo protegido, Teodoro Montes, si la Faffe había financiado al PSOE. Él no tuvo respuesta. Dice Alaya, en uno de sus autos, que la única fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo y casi todas ellas tienen irregularidades en su justificación.
El director general de Formación nombrado en octubre de 2013, Carlos Cañavate contó en su declaración ante la Guardia Civil que cuando tomó posesión del cargo había 950 millones de euros sin justificar en subvenciones para acciones formativas.
