Familias con rentas bajas podrán exigir por ley este mismo año una vivienda

Vitoria

Las familias de tres o más miembros con ingresos inferiores a los 15.000 euros y una antigüedad mínima de cuatro años en Etxebide, el registro oficial en Euskadi de demandantes de vivienda, podrán exigir este mismo año que el Gobierno vasco les facilite un alojamiento una vez que el Parlamento vasco apruebe, previsiblemente en junio, la ley de Vivienda.

Serán los primeros en poder reclamar, primero ante la Administración y en su defecto ante los tribunales, el derecho subjetivo a la vivienda que recoge de forma pionera la normativa vasca impulsada por el PSE y pactada con UPyD y EH Bildu en contra del criterio de los Gobierno central y vasco.

Según la previsión legal, ese derecho también alcanzará en 2016 y 2017 a las unidades familiares de dos y un miembro respectivamente, con rentas anuales inferiores en uno y otro caso a los 12.000 y 9.000 euros, y un mínimo de cuatro años de antigüedad en Etxebide.

La norma recoge dicha previsión en tanto no se desarrolle reglamentariamente la ley  de Vivienda que reconoce de forma genérica ese derecho para residentes en Euskadi que no disponga de un alojamiento, ni medios económicos para conseguirlo, y que obliga a la Administración a facilitar un piso o prestación económica equivalente con la que satisfacer esa derecho en el mercado libre.

Además, la normativa regula la posibilidad de expropiar a la banca los pisos procedentes de desahucios, aunque a diferencia del modelo andaluz, sólo se llevará a efecto si no hay otro recurso disponible para la familia afectada.

También se regula un canon para las viviendas que lleve dos años desocupadas, de 10 euros por metro cuadrado útil, que excluye en todo caso a las residencias de verano o segundas viviendas.

Asimismo, la ley da cinco años de plazo a la Administración vasca para que deje de financiar pisos en propiedad y reoriente al alquiler toda su oferta pública al tiempo que obliga a unificar en un único organismo todas las sociedades dedicadas a la promoción o gestión de las políticas públicas de vivienda.

El Gobierno vasco y el PNV han mostrado su rechazo porque la ley es "técnicamente mala" y su coste "inasumible" que estima en unos 70 millones anuales. Por su parte, el Gobierno central ha advertido ya sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos.