Una jueza ve "irregularidades graves" en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar
La magistrada afirma, en base a un atestado policial, que indiciariamente el grupo Minorbis-Grupo México no cumple "las exigencias mínimas" para haber superado la primera fase del concurso
Sevilla
La jueza de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, oficia a la Policía para que tome declaración a la directora general de Minas de la Junta, María José Asencio, como máxima responsable de la mesa que adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar a Minorbis-Grupo México. Este grupo "indiciariamente no cumple las exigencias mínimas" para superar la primera fase del concurso de adjudicación, según explica la magistrada basándose en el primer atestado policial que le han entregado los investigadores.
La directora general de Minas tendrá que explicar por qué aceptaron que los ganadores participaran en el concurso y por qué se lo adjudicaron si supuestamente su oferta económica era inferior a la de otros participantes.
Fernández investiga una denuncia presentada por una de las empresas que perdió ese concurso, Emerita. El primer atestado de la Policía que ha recibido la magistrada le lleva a concluir que "existen irregularidades graves" que vendrían a confirmar gran parte de lo denunciado. La jueza asegura que no encuentra el "más mínimo rigor en la actuación de la administración y ello pese a tratarse de la misma explotación minera donde se registró el desastre del vertido en 1998".
Entre esas anomalías detectadas por la Policía en el concurso de la Junta figuran que la mesa de contratación supuestamente alteró las valoraciones en el plan de investigación que había presentado Minorbis. El informe policial también refleja que este grupo no aportó el seguro de indemnización por riesgos sino una póliza de responsabilidad civil y que no acreditó el capital social suscrito ni detalló su compromiso inversor.
Los miembros de la mesa técnica que han prestado declaración ante la Policía han defendido la legalidad del proceso de adjudicación en todas sus fases.
El Grupo Emerita presentó una denuncia por supuesta prevaricación, tráfico de influencias y fraude de subvenciones en la adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar al grupo ganador.
Los denunciantes aseguraban que Magtel, como integrante del grupo Minorbis Grupo México, recibió una ayuda de la Junta que supuestamente no se ha destinado a la finalidad para la que se le había otorgado. Y explicaba que esa subvención contó con la intervención de un exdelegado provincial de Empleo a través de su empresa Fisur.
