El contratista de Avialsa dice que Castellano es un "cabeza de turco"

Valencia

El empresario Vicente Huerta, uno de los diez detenidos en la operación contra la corrupción en Valencia -entre ellos el hasta ahora delegado del Gobierno, Serafín Castellano-, ha atribuido el caso a una venganza del exgerente de su empresa, Avialsa, al que denunció en 2013 por estafa y apropiación indebida.

"Es una venganza, sin duda, lo explicaremos debidamente, como toca. Os lo explicaremos la próxima semana con todo detalle en nuestras instalaciones", ha afirmado el propietario de Avialsa, tras declarar en el juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto.

La defensa del empresario ha situado al exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano como "cabeza de turco" de una guerra interna en el seno de esta empresa, dedicada a los medios aéreos para la extinción de incendios.

Huerta, visiblemente fatigado tras haber participado en registros hasta las 5 de la madrugada y haber pasado la noche en dependencias policiales, ha sido el único de los detenidos en esta operación que ha respondido a las preguntas la juez y el fiscal anticorrupción Vicente Torres, que investigan un supuesta trama de adjudicaciones irregulares durante la etapa de Serafín Castellano como conseller de Gobernación.

El resto de detenidos, incluidos los otros dos que han declarado que declararon este sábado y los siete que lo hicieron el viernes, entre ellos el propio Castellano, se negaron a contestar, ya que la juez ha declarado secreto el sumario y sus abogados todavía no han tenido acceso al contenido de la causa.

A la salida del juzgado, Huerta aseguró que todo es una venganza del exgerente de Avialsa Fernando Alandí, contra el que se querelló por estafa y apropiación indebida a mediados de 2013 y al que un juzgado de Sagunto (el número 2) ha impuesto una fianza de 500.000 euros.

Según ha explicado su representante legal, "Serafín Castellano es el cabeza de turco que ha usado Alandí para presionar a Avialsa, pero no hemos querido ceder nunca al chantaje y aquí estamos. Él (exgerente) acabará siendo el único imputado por unas diligencias que él mismo ha abierto por unos hechos que él solo conocía. Los regalos se los inventó".

En su querella, Huerta acusa a Alandí de estafa continuada y apropiación indebida, ya que considera que el exgerente se apropió de fondos de la empresa para reformar una vivienda en Sagunto (87.394 euros), abonar viajes de ocio (92.014 euros), comprar una parcela en la urbanización Valle de los Monasterios (269.667 euros) y adquirir oficinas en polígono Ingruinsa por 433.336 euros.

También le acusa, entre otras actuaciones que habrían provocado un perjuicio total de 2.246.048 euros a Avialsa, aunque finalmente el juez solo ha considerado algunas de estas acusaciones y ha fijado una fianza de 500.000 euros a Fernando Alandí.

No obstante, sobre las investigaciones realizadas por la fiscalía anticorrupción sobre contrataciones irregulares realizadas por Castellano, durante su etapa como conseller de Gobernación (2007-2014), de las que fue beneficiaria Avialsa por importe de 22 millones de euros y que están en la base de su detención, ni Huerta ni su abogado han realizado comentarios.

Además del empresario, comparecieron un empleado de Aviación Civil y el propietario de un coto manchego, que cumple pena en la cárcel de Albacete por otros asuntos y ha sido trasladado en furgón policial.

De ellos sólo ha trascendido que se han acogido a su derecho de no declarar, y al finalizar la comparecencia uno de ellos, el propietario del coto manchego, ha sido trasladado de nuevo a la prisión de Albacete en un coche policial.

Sobre los diez detenidos ayer en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares de contratos pesan acusaciones de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales, aunque no se han detallado de forma concreta los delitos que se atribuyen a cada uno de ellos.

Tras la operación dirigida este viernes por Anticorrupción y la UDEF, Castellano fue destituido como delegado del Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros y suspendido cautelarmente de militancia en el PP valenciano por parte de la dirección regional.