El juez ratifica que la Mezquita de Córdoba pertenece a la Iglesia

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha archivado las denuncias interpuestas por dos centenares de personas, entre las que se incluyen el exalcalde de Córdoba Julio Anguita, contra las inmatriculaciones de la Iglesia ya que las mismas están "amparadas" por la Ley Hipotecaria.

Según el auto del juez, los hechos denunciados por el colectivo ciudadano, y que afectaban a diversos inmuebles y monumentos de la ciudad registrados por la Iglesia Católica, carecen "manifiestamente de contenido penal".

Concretamente, la denuncia se presentaba por la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Ermita del Socorro, el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente y su plaza, la Ermita del cementerio de la Salud o la Iglesia de la Fuensanta, entre otros.

El juez considera que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis de Córdoba está "amparada" por la Ley Hipotecaria y sus modificaciones en 1998 permitió la inscripción por parte de la Iglesia de los templos destinados al culto.

Añade el escrito, no obstante, que la inscripción en el registro de la propiedad "no supone necesariamente la titularidad real del inmueble", sino tan solo la "formal" en la mayoría de los casos.

Además, el juez defiende que el Ayuntamiento de Córdoba "no ha tenido una actitud pasiva" en la "defensa del patrimonio nacional", mientras que la Junta de Andalucía ha encargado "informes sobre la ilegalidad de las inscripciones" y cuyas conclusiones "se desconocen hasta el momento".

Finalmente, el juez subraya que los hechos denunciados no son constitutivos de delito penal y ante dicha resolución cabe recurso en un plazo de tres días.

La Plataforma ciudadana "MezquitaCatedral, Patrimonio de Tod@s" ha lamentado los razonamientos "alejados de la neutralidad y aconfesionalidad" del juez de Instrucción número 6 de Córdoba que ha indicado en un auto que las inmatriculaciones de la Iglesia Católica están "amparas" por la Ley Hipotecaria.

En un comunicado, la plataforma ha argumentado que el hecho de que "no existan posibles delitos en los casos denunciados", no impide que la actuación de la jerarquía católica "haya dejado de ser inconstitucional e inmoral".