Fabra: chófer, escolta y asistentes

Valencia

El presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana y portavoz del grupo parlamentario popular en Les Corts Valencianes, Alberto Fabra, renunciará a entrar en el Consell Jurídic Consultiu  pero se acogerá al estatuto de los expresidentes de la Generalitat .Así lo ha confirmado la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en Les Corts, María José Català, quien ha señalado que Fabra mantendrá el resto de derechos: disponer de  un coche y chófer, dos asesores y despacho, según recoge el Estatut de Autonomía.

Fabra tiene derecho a estos privilegios desde el momento mismo de su cese como presidente de la Generalitat como establece el Estatuto aprobado en 2002, pero el único privilegio al que va a renunciar es a formar parte del Consell Jurídic Consultiu, entidad en la que está  otro expresidente Francisco Camps.

No todos los ex presidentes se han acogido a los privilegios que les concede la ley; no lo han hecho ni el socialista  Joan Lema ni el popular José Luis Olivas.

Lo confirmaba este jueves la portavoz adjunta del grupo parlamentario María Jose Català  que también es la  presidenta del comité electoral que se reunirá el lunes para decidir que Alberto Fabra y otra persona sean senadores territoriales de la comunitat .Al pp le corresponden dos plazas, las otras cuatro al resto de grupos parlamentarios.

Críticas al nuevo consell: se constata la demagogia

Català hacía estas manifestaciones en una rueda de prensa, junto a las también portavoces adjuntas del PP en la cámara autonómica, Isabel Bonig y Eva Ortiz, para abordar las primeras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno de la Generalitat.

Bonig ha criticado que uno de los primeros "incumplimientos" del líder del PSPV, Ximo Puig, al llegar a la presidencia de la Generalitat ha sido su compromiso de reducir los cargos de la Administración autonómica, "acabar con las secretarías autonómicas" y dejar solo las direcciones generales, en relación al nombramiento ayer, del segundo escalón de la Generalitat.

"Ese adelgazamiento ha quedado en demagogia", ha lamentado la diputada popular, quien ha señalado asimismo que las nuevas agencias anunciadas, como la de Respuesta a las Emergencias aprobada ayer, se van a convertir en una "agencia de colocación" al servicio del nuevo Gobierno.

Para Bonig, "lo que esconde el Pacto del Botánico es en realidad el pacto de los cromos" y el "reparto de sillas", y ha advertido que el gasto al final lo van a pagar los ciudadanos con más impuestos o "detrayendo el dinero" de los más necesitados.

Respecto al acuerdo de iniciar los trámites para derogar los copagos a las personas con diversidad funcional o dependientes, el grupo parlamentario popular pedirá que incluya también a las personas mayores dependientes, más de 15.000 personas en residencias públicas, para evitar que "no haya valencianos de primera y de segunda".

En cuanto al acuerdo para consensuar la fecha del inicio del próximo curso en educación primaria, con la propuesta de comenzar el día 10, y secundaria, dos o tres días después, Català ha informado que primero se tendrá que cambiar la resolución del calendario escolar y las instrucciones del inicio del curso.

El cambio, ha advertido la diputada popular y exconsellera de Educación, "conllevará automáticamente el retraso de los exámenes de recuperación de Secundaria de junio a septiembre para el próximo curso".

Catalá considera que el nuevo Gobierno tenía que haber esperado a tomar esa decisión a obtener la evaluación de las calificaciones realizadas en este curso, y ha defendido que la decisión que llevo a su departamento a hacer el cambio e iniciar el curso el 3 de septiembre fue "estrictamente pedagógica" y se tiene que evaluar si ha ido mejor o peor hacer los exámenes de recuperación en junio y julio.

Por último, y en relación con la decisión del nuevo Gobierno de no ejecutar ningún desahucio a personas en riesgo de exclusión social del parque público de viviendas, Bonig ha señalado que el "desconocimiento" de la nueva consellera, María José Salvador, le lleva a anunciar esta medida.

La diputada popular ha afirmado que "no se ha producido ningún desahucio en el parque de viviendas públicas", y si ha habido alguno ha sido por "sentencia judicial" o porque eran ocupaciones "ilegales", y ha pedido al nuevo gobierno "responsabilidad y menos demagogia".

Respecto a la ley de función social de la vivienda, ha dicho que "no entiende bien que van a hacer, y si es como la de Andalucía que se ha declarado inconstitucional", y lanza una sugerencia a la izquierda progresista: "si tanto les interesa la función social hay muchos diputados que tienen cinco y seis inmuebles y podrían dar alguno ellos en función social y después exigir a los demás".