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La mayoría de las leyes que aprueba el Parlamento no son del Gobierno

La ley de Vivienda impulsada por el PSE y las ILP de custodia compartida y contra el fracking entre las más relevantes

Vitoria

De las diecisiete leyes aprobadas por el Parlamento vasco en lo que va de legislatura, descontando las dos de presupuestos, únicamente una quinta parte han salido adelante por impulso del Gobierno: el cambio legal para adelantar la extra eliminada en 2012, la ley del Plan de Estadística y la ley de Contaminación del Suelo.

A partir de ahí, los partidos y la ciudadanía están dentrás de las doce restantes. Dos de las últimas han sido a propuesta  ciudadana: ley contra el Fracking y ley de Custodia Compartida y el resto, son iniciativa de los grupos, con especial protagonismo del PSE, que ha impulsado cuatro leyes: Aprendizaje a lo largo de la vida, Política agraria, Incompatibilidades y Vivienda, sin duda la norma estrella en lo que va de legislatura, aprobada contra el criterio del ejecutivo de Urkullu. Los socialistas han compartido paternidad en otras tres: Instituto de la Memoria, la del Suelo o la del Derecho civil vasco, todas ellas con el PNV que tiene en su haber una única ley que sirvió para derogar el día de Euskadi.

Así las cosas, el Gobierno vasco confía en mejorar sus números en el año y medio que queda de legislatura. Ahora mismo hay 8 leyes de Urkullu en distinta fase de tramitación parlamentaria: la ley Municipal, de Actividad Comercial o Adicciones entre otras.

Además, este mismo mes el Ejecutivo aprobará y llevará a la Cámara la ley de Fundaciones y a la vuelta del verano, dará luz verde a la ley de Cajas, de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, y la ley de Puertos.

En fase de exposición pública están las leyes de Transparencia y Sector Público con las que Josu Erkoreka ha reconducido el fiasco de la ley Administración Publica que en abril tumbó la oposición en el Parlamento.

Hay también otras normas que van con retraso la ley de FP o de Patrimonio Cultural o la de Empleo Público que no pinta nada bien tras recibir el doble tirón de orejas del Consejo Económico Social y el Consejo de Relaciones Laborales.

 
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